La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el financiamiento público directo para las organizaciones políticas se triplicará en el periodo comprendido entre julio de 2026 y julio de 2031. Seis partidos políticos con representación en el nuevo Congreso bicameral recibirán en conjunto un total de S/ 222 millones 119 mil 117.
Este monto representa un incremento considerable frente al quinquenio pasado, cuando se destinaron S/ 77 millones 980 mil. Ahora, la ONPE desembolsará casi 3 veces más que el periodo anterior.
El incremento responde a la nueva fórmula legal tras el regreso del Senado y la Cámara de Diputados. En elecciones anteriores, la cifra tomaba en cuenta únicamente los votos para la elección de congresistas.
Luis Camino Palomino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, detalló vía RPP el reparto de estos fondos. El 40 % de los S/ 222.1 millones se entregará en partes iguales entre las seis agrupaciones, mientras que el 60 % restante se asignará de manera proporcional a los votos que obtuvo cada una.
Las organizaciones que accedieron a este beneficio son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación-AN. Ante el incremento de fondos, el organismo electoral señaló que reforzará las auditorías a los partidos.
De acuerdo con lo explicado por el organismo electoral, el financiamiento público para las agrupaciones políticas se triplicará porque la ley ahora contempla sumar los votos emitidos tanto para senadores como para diputados en el cálculo. La fórmula parte del equivalente al 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente —que para 2026 asciende a S/ 5,500— multiplicado por el total de sufragios de ambas cámaras para el periodo 2026-2031.
“Ahora prácticamente se está triplicando porque se están aumentando los votos. Se está considerando de acuerdo a la ley, aumentando los votos de diputados y los de senadores”, señaló Camino para RPP.
El dinero que entrega el Estado no es de libre disposición. La Ley de Organizaciones Políticas fija que hasta un 50 % puede emplearse en gastos operativos de funcionamiento ordinario —como contratación de personal, alquileres, compra de bienes muebles o inmuebles y pago de servicios—, mientras que el otro 50 % o más debe destinarse de forma obligatoria a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de la propuesta política.
Para garantizar el cumplimiento, la ONPE reforzará la fiscalización con un equipo de auditores que hará inspecciones preventivas y mensuales de control. “Estamos haciendo visitas preventivas y también visitas de ejecución durante todos los meses a las organizaciones políticas, con la finalidad de controlar y verificar el correcto uso del financiamiento público”, manifestó Camino.
Además, el organismo electoral evaluará las rendiciones de cuentas que envíen 10 partidos políticos sobre el periodo de enero a julio de 2026, para determinar si los informes presentados cumplen con lo que establece la ley.
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