La senadora Ruth Luque Ibarra, de la bancada de Ahora Nación, presentó dos proyectos de ley que buscan modificar 35 artículos del reglamento parlamentario: 18 corresponden al Reglamento del Congreso y 17 al del Senado. Las iniciativas apuntan a dos frentes: impedir la aprobación de las denominadas "leyes exprés" y sumar a cuatro ciudadanos externos e independientes a la Comisión de Ética. El primer proyecto plantea sacar el control a los partidos políticos en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los legisladores. En su lugar, se propone incorporar a profesionales con trayectoria académica y anticorrupción, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en los procesos. El texto señala que "cada comisión de ética parlamentaria está integrada por un representante de cada grupo parlamentario constituido en la respectiva cámara y por cuatro personas de reconocida trayectoria que no ejercen la función parlamentaria, según establezcan los reglamentos de cada cámara". En paralelo, la segunda iniciativa busca modificar el artículo 58 para frenar las "leyes exprés". La propuesta establece que "no podrá someterse a votación un texto sustitutorio cuya versión final no haya sido previamente distribuida y puesta a disposición de los congresistas con la anticipación razonable correspondiente, considerando a la extensión y complejidad de la materia objeto de legislación, ello con la finalidad de garantizar un debido estudio del asunto". De esta manera, se prohíbe someter a votación textos sustitutorios si su versión final no ha sido distribuida con anticipación. Con estas reformas, Luque busca que el Congreso cuente con mecanismos más rigurosos tanto en la fiscalización ética de sus miembros como en el proceso de aprobación de normas, evitando que se voten proyectos sin el estudio previo correspondiente.

La reforma del Reglamento del Senado contempla cambios en 17 artículos de la Cámara Alta. Entre las medidas más relevantes figura la prohibición de la exoneración de dictámenes, de modo que toda iniciativa deba pasar obligatoriamente por el debate y análisis técnico en comisión antes de ser sometida a votación en el Pleno. “Esta regla [la exoneración] no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas, del presente reglamento, del Reglamento del Congreso de la República ni de iniciativas que propongan normas sobre materia presupuestal y tributaria”, precisa el texto.

Además, el proyecto introduce la consulta previa a los pueblos indígenas como exigencia ineludible cuando una medida legislativa afecte sus derechos colectivos, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “En todo proyecto de ley que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, el Senado debe asegurar que se realice el proceso de consulta previa, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señala la iniciativa.

En paralelo, la norma dispone que todas las sesiones y votaciones parlamentarias sean presenciales y que cada actuación legislativa se sustente con evidencia técnica. También se plantean mecanismos más estrictos para que la Cámara Alta supervise el accionar del Poder Ejecutivo. En ese marco, se modifica el procedimiento de acusación constitucional: el Pleno del Senado deberá tomar como base de su deliberación el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, con lo cual se busca fortalecer el control político sobre las decisiones del Ejecutivo.

Las propuestas también contemplan cambios en los requisitos para la destitución de autoridades. "La fórmula legal plantea sustituir dicha mayoría calificada por el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado en los tres supuestos".

En materia de organización parlamentaria, se impulsa la creación de comisiones más especializadas en el Senado, separando materias que hoy están concentradas en pocos grupos de trabajo. "Fomentar comisiones del Senado más especializadas. Se propone separar materias que actualmente se encuentran concentradas en pocas comisiones (lo que invisibiliza ciertos temas como ambiente, derechos de la mujer y pueblos indígenas)". Entre las nuevas instancias propuestas figuran Economía, Salud y Defensa del Consumidor, Mujer, Familia, Inclusión y Desarrollo Social, Educación y Cultura, y Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Cambio Climático.

Además, respecto al procesamiento de acusaciones constitucionales, se plantea que "para la aprobación o rechazo de la acusación constitucional por la comisión de un delito, el Pleno del Senado considera los elementos actuados contenidos en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como el carácter progresivo del conocimiento propio de las etapas iniciales del proceso penal".

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