Interpelación contra Rafael Belaúnde: ministro deberá explicar aportes de Minera Poderosa y operaciones en Pataz

El pliego de 43 preguntas, organizado en once bloques temáticos, fue presentado el 14 de agosto de 2026 por el diputado Marino Lavado y constituye la primera interpelación contra un ministro en la actual legislatura. Antes de llegar eventualmente al Pleno, la iniciativa deberá ser evaluada por la Junta de Portavoces.

El origen de la controversia está en el financiamiento de la campaña presidencial de Belaúnde. Según la información financiera reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, realizó ocho aportes a Libertad Popular durante las Elecciones Generales 2026, cuando Belaúnde participó como candidato presidencial. Los propios documentos señalan que esos aportes fueron declarados ante la ONPE y que, de acuerdo con el texto de la moción, se realizaron conforme a la legislación electoral vigente.

El cuestionamiento de los diputados aparece después, cuando Belaúnde asumió el Ministerio de Defensa, cartera que planifica y ejecuta operaciones militares en Pataz, provincia de La Libertad, donde Minera Poderosa desarrolla sus actividades. En esa zona continúan los homicidios, secuestros y extorsiones pese a los sucesivos estados de emergencia.

Ahí está uno de los puntos que Juntos por el Perú quiere que el ministro aclare. El pliego le pide precisar si sostuvo reuniones con representantes de Minera Poderosa antes o después de asumir el cargo, si recibió solicitudes de la empresa relacionadas con la seguridad en Pataz y si existen convenios, protocolos o mecanismos formales para coordinar acciones entre el Ministerio de Defensa y compañías privadas que operan en zonas donde existe presencia militar.

La moción, impulsada por la bancada Juntos por el Perú, busca que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, responda ante la Cámara de Diputados por los ocho aportes económicos entregados durante la campaña de Libertad Popular por Evangelina Arias Vargas de Sologuren, además de explicar las operaciones militares en Pataz. La iniciativa fue presentada el 14 de agosto de 2026 y todavía debe ser evaluada por la Junta de Portavoces.

43 PREGUNTAS Y UNA ZONA QUE SIGUE EN EMERGENCIA

La moción de interpelación contra Rafael Belaúnde incluye un bloque de nueve preguntas destinado a esclarecer el objetivo del despliegue militar en Pataz. Los legisladores piden que el ministro presente documentación que garantice que ningún efectivo realiza funciones de seguridad privada o exclusiva para Minera Poderosa u otra empresa, salvo en los supuestos contemplados por la legislación. También exigen saber cuántos soldados están destinados a proteger a la población civil y cuántos cumplen labores vinculadas con instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones de la compañía minera.

La provincia de Pataz ocupa buena parte del cuestionario. Permanece bajo sucesivos estados de emergencia por el avance de la minería ilegal y el accionar del crimen organizado, pero los hechos violentos no han desaparecido pese a la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La moción recuerda dos episodios graves: en 2023 fueron asesinados nueve trabajadores y en mayo de 2025 otros 13 fueron secuestrados y asesinados. Con esos antecedentes, los diputados preguntan qué indicadores objetivos permiten afirmar que la estrategia aplicada está dando resultados.

También se cuestiona la reiteración de las emergencias. Los congresistas indagan qué evidencia demuestra que mantener esa medida sigue siendo eficaz frente a una realidad marcada por homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores y población civil. El documento incorpora, además, el pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que expresó preocupación por la frecuencia con que el Perú declara estados de emergencia y despliega a las Fuerzas Armadas, y recomendó que estas medidas sean excepcionales, proporcionales, temporales y sujetas a revisión judicial.

RONDAS CAMPESINAS Y OPERACIONES MILITARES

El pliego interpelatorio presentado por Juntos por el Perú no se limita a la minera Poderosa y las operaciones en Pataz. También incorpora interrogantes sobre el ejercicio multinacional ‘Escudo de las Américas’, sus condiciones operativas, logísticas y presupuestales, así como las implicancias para la soberanía nacional de una eventual participación de fuerzas extranjeras en territorio peruano.

En cuanto a las rondas campesinas de Pataz, la bancada plantea por qué el Ministerio de Defensa no las ha integrado de manera más activa a la estrategia de seguridad, considerando que cuentan con reconocimiento legal y presencia permanente en la zona. Los diputados solicitan conocer cuántas reuniones de coordinación sostuvo el Ministerio de Defensa con estas organizaciones desde febrero de 2024 y si existe algún protocolo para compartir información relacionada con el crimen organizado. La pregunta busca establecer si existe una coordinación efectiva entre las autoridades y quienes conocen directamente la realidad de las comunidades.

A ello se suman preguntas relacionadas con las labores de desminado en las Pampas de Reque, en Lambayeque, zona prevista para la celebración de la misa del papa León XIV. El documento solicita información sobre las acciones militares vinculadas con este tema.

Ahora la moción deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente. Para su ingreso formal, una moción de orden del día requiere el respaldo de al menos el 15 % del número legal de congresistas. Después de ser comunicada al Pleno, su admisión a debate debe ser sometida a votación en la siguiente sesión.

Para que el pliego sea admitido se necesita el voto favorable de al menos un tercio de los parlamentarios hábiles. Si consigue ese respaldo, la Mesa Directiva deberá fijar la fecha y hora en que Rafael Belaúnde concurrirá al Congreso, dentro del plazo establecido por el reglamento.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, tiene sobre la mesa 43 preguntas que el Congreso deberá evaluar para decidir si llegan al Pleno y si el titular del sector debe responderlas personalmente ante los diputados. El cuestionario presentado mezcla varios temas: el financiamiento de la campaña de Libertad Popular, los aportes declarados por la presidenta de Minera Poderosa, las reuniones con representantes de la empresa y el despliegue militar en Pataz. De esta manera, el Parlamento tendrá la última palabra sobre el futuro de estas interrogantes y la comparecencia del funcionario.

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