El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gabinete ministerial aún no ha debatido una eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y aclaró que "esa no ha sido una promesa de campaña" de la presidenta Keiko Fujimori.

En una entrevista publicada este sábado en El Comercio, el titular del sector señaló que "no se ha discutido todavía en el Gabinete" el tema, pero consideró que, ante una administración de justicia "incierta" en el país, "necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales" de los ciudadanos. "En realidad, todo depende de la calidad o de la ideología del juez que a uno le toque", explicó.

Álvarez indicó que el Perú tiene "pendiente el posicionamiento prorreforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)", y que el actual "contexto político hemisférico" es favorable para "negociar con los otros representantes ante la OEA" una "reforma profunda" del sistema. "Estamos en la oportunidad de oro para poder negociar con los otros representantes ante la OEA de los países que ahora son democráticos, que ahora creen en la democracia y creen en los derechos, pero también en la libertad, negociar la reforma profunda del SIDH, incluyendo el cambio de funcionarios, que son los más ideologizados", sostuvo.

De otro lado, el ministro adelantó que su sector propiciará "que las FF.AA. hagan control perimétrico de los penales", y advirtió que el INPE tiene "graves problemas de financiamiento".

El ministro también confirmó que le pedirá a la jefa de Estado la reforma del SIDH, y aseguró que “esa es una de las banderas no solamente del Minjus, sino, en realidad, de la mayor parte de la comunidad jurídica peruana”. Antes, al referirse al sistema interamericano, había remarcado que “el problema, muchas veces, no está en los comisionados y en los jueces, sino en los funcionarios que responden a intereses y a las agendas financiadas por ONG determinadas, de carácter internacional”.

En otro bloque de anuncios, el también expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de José Jerí señaló que, por vía legislativa, el Ejecutivo propiciará “que las Fuerzas Armadas hagan control perimétrico de los penales”. “Por lo menos, para evitar el ingreso de artefactos indebidos y la presencia de antenas en los alrededores que sirven para la organización criminal”, indicó. Sobre los plazos, Álvarez adelantó que “el proyecto de ley autorizativa de legislación delegada debe ser entregado a fin de esta semana” o a mediados de la próxima. En esa línea, manifestó que “el Congreso va a tener que aprobarlo, pero eso también tiene su procedimiento [...] Por eso, estamos hablando [de] no más de dos meses en que podamos tener ya aprobados los decretos pertinentes en materia de seguridad y podamos comenzar a ordenar el tema penitenciario”.

El titular del Minjus también se refirió a la herencia recibida: el anterior gobierno “no nos ha dejado dinero ni para limpieza ni para seguridad”. “El dinero que se había presupuestado se acabó el 30 de junio. Es una situación absolutamente anómala que, obviamente, se refiere a una exacerbación de la provisionalidad”, destacó.

El titular del Ministerio Público también apuntó contra el INPE, que "tiene graves problemas de financiamiento y de sentido del deber, muchas veces, porque han cambiado directores y autoridades dentro de los penales prácticamente a discreción, muchas veces, de bandas criminales". En esa línea, remarcó: "No tenemos dinero para cosas elementales. Y eso habla de mal manejo", puntualizó. La crítica alcanzó no solo a los ministerios, sino también al sistema penitenciario, donde la rotación de funcionarios habría sido constante.

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