La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por sus vínculos con Minera Poderosa. El pliego incluye 43 preguntas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, zona bajo estado de emergencia donde opera la minera.
La moción cuestiona los ocho aportes económicos que Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de la minera, entregó a Libertad Popular durante la campaña presidencial de Belaúnde. Dichos aportes fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, según el propio texto de la moción, se ajustan a la ley electoral vigente. El problema, dicen los firmantes, aparece después: Belaúnde asumió el Ministerio de Defensa, cartera que decide sobre las operaciones militares en Pataz, provincia de La Libertad, donde Minera Poderosa desarrolla sus actividades desde hace años.
Pataz permanece bajo sucesivos estados de emergencia por el avance de la minería ilegal. Pese al despliegue constante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la zona sigue registrando homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores. Ese contraste, entre el gasto militar sostenido y los resultados de seguridad, es uno de los puntos que la moción exige explicar.
El pliego interpelatorio contra el ministro Rafael Belaunde suma 43 preguntas organizadas en once bloques temáticos. El más extenso, con nueve interrogantes, apunta directamente al uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras: los congresistas exigen que el titular del Interior garantice, con documentos de respaldo, que ningún efectivo militar cumple funciones de seguridad privada o exclusiva para Minera Poderosa u otra empresa, fuera de los supuestos que contempla la ley.
La moción también recupera cifras concretas de violencia en Pataz. Cita el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en mayo de 2025 y de nueve trabajadores en 2023, crímenes ocurridos pese a la vigencia de los estados de emergencia. Con esos antecedentes, los firmantes preguntan qué evidencia objetiva sostiene que repetir la misma medida sigue siendo eficaz y si el ministerio cuenta con algún informe técnico independiente sobre los resultados del modelo aplicado en esa zona.
Además, el cuestionario pide precisar si Belaunde sostuvo reuniones con representantes de la minera antes o después de asumir el cargo, si existen protocolos que regulen la relación del ministerio con empresas privadas en zonas de intervención militar y qué porcentaje del personal desplegado en Pataz protege a la población civil frente al que resguarda infraestructura minera.
La moción también cuestiona al Ministerio de Defensa por no incorporar a las rondas campesinas en la estrategia de seguridad, pese a que tienen reconocimiento legal y presencia permanente en la zona. Los legisladores preguntan cuántas reuniones de coordinación se realizaron con ellas desde febrero de 2024 y si existe un protocolo para intercambiar información sobre el crimen organizado.
De cara a la visita del papa León XIV, el pliego cierra con interrogantes sobre el ejercicio militar "Escudo de las Américas" y el desminado de las Pampas de Reque. Antes, el documento cita un pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que expresó su preocupación por la frecuencia con que Perú declara estados de emergencia y recomendó que estas medidas sean excepcionales, proporcionales y temporales. Con ese respaldo, se exige al Ejecutivo explicar qué indicadores objetivos justifican reiterar el régimen excepcional en la provincia.
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