El régimen CAS ha ganado terreno de forma sostenida en la estructura del empleo público peruano. Según cifras de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), al 2025 se agruparon 376,479 trabajadores bajo esta modalidad en todo el Estado, lo que representa un incremento por tercer año consecutivo. El punto más alto se registró en 2021, con 406,065 empleados, debido a la mayor contratación para atender la emergencia por el COVID-19.

Una revisión de Gestión encontró que, en los últimos 10 años, el número de estos trabajadores creció 45.3%; frente al 2013, el aumento supera el 75%. Y si se compara con 2009, un año después de su creación, la variación llega a 140% respecto al 2025.

Este crecimiento ha modificado la composición del empleo público. En 2016, los CAS representaban el 22% del total, mientras que las carreras especiales —el grupo principal— concentraban un 44% y el régimen 276, un 21%, muy cerca del alcance del CAS. Pero si se excluye a los servidores de carreras especiales (salud, magisterio, judicial, entre otros), los CAS llegaron al 40% del total ese mismo año.

Para 2025, la representatividad del régimen CAS subió levemente hasta 23.7% del total, en tanto que el régimen 276, el tercer grupo más grande, se redujo a 18.1% de los trabajadores del Estado.

Entre los cambios normativos más relevantes está la Ley 31131, promulgada en 2021, que transformó radicalmente la naturaleza del régimen al pasarlos de una duración determinada a una permanente. Más recientemente, el Congreso aprobó que los trabajadores CAS accedan a gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) bajo el marco del régimen privado, sin mayor proceso de meritocracia de por medio.

El régimen CAS se ha convertido en la puerta de entrada laboral más flexible al Estado o “la más simple”, ya sea por meritocracia, relaciones amicales, entre otros, apuntó Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama. La afirmación del abogado cobra relevancia si se revisan las cifras de Servir: entre 2017 y 2024, el crecimiento del empleo público fue impulsado, principalmente, por las carreras especiales con casi un 39% y el régimen CAS con un avance de más de 35%, siendo el más numeroso entre los generales.

En contraste, la carrera pública del Decreto Legislativo 276 ha crecido en menor proporción (6.8%), y el régimen de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) muestra un avance marginal, “lo que evidencia las enormes barreras para la reforma”, citó el análisis.

Al cierre de 2025, los más de 376,000 trabajadores bajo este régimen presentan un perfil claro: más del 52% contó con superior universitaria, mientras que cerca del 25% tuvo superior no universitaria. Más de 68,100 empleados (18.1%) registraron solo secundaria, y más de 14,600 no reportaron nivel. Por grupos ocupacionales, un 46% fueron profesionales, pero la mitad (188,300) se desempeñó como técnicos y auxiliares. La mayoría se ubicó entre los 30 a 44 años (54%), mientras que la tercera parte registró tener entre 45 a 64 años.

No obstante, las cifras más recientes de Servir muestran un quiebre en la tendencia: a marzo de este año, los trabajadores CAS se redujeron a los 351,448, representando una caída de 25,031 empleados bajo este concepto o un 6.6% menos.

En cuanto al costo fiscal, la última información disponible apuntó al 2024. Entonces, se reportó que los trabajadores CAS demandaron un costo de S/ 12,476 millones. Esto significó un 16% de los S/ 79,142 millones del total de la planilla pública.

Para Juan José Martínez, expresidente ejecutivo de Servir, el régimen CAS arrastra un problema de fondo: “no hay racionalidad ni lógica” y las plazas se piden sin mayor justificación. “Como en cualquier empresa, en el Estado, pueden tenerse varias plazas, pero deben revisarse su utilidad. En el Estado no ocurre. Una hipótesis es que se tienen varias plazas en el Estado porque hay un grave problema de productividad: se necesitan dos trabajadores para hacer la labora de uno”, comentó, y advirtió que esto evidencia un escenario también preocupante.

El análisis de Toyama, en tanto, recuerda el origen de la figura: “El régimen CAS nació con carácter temporal, una figura de emergencia porque las leyes laborales para trabajar en el Estado eran muy rígidas. Teníamos funcionarios a tiempo completo con recibos por honorarios, conocidos como servicios no personales. Entonces, se podría decir que los CAS fueron para blanquear la informalidad estatal. Pero ahora se han normalizado cuando debieron ser temporales”, explicó.

Ambos expertos coinciden en que, en un contexto de debilitamiento institucional, también habrían incidido manipulaciones de plazas por fines de partidos políticos. “En estos años hubo mucho pago de favores políticos. Pese a que formalmente hay reglas, todo el mundo sabe que no hay una eficiente supervisión sobre cómo está ingresando este personal. Como en algunos casos de contrataciones estatales, se manipulan los concursos”, señaló Martínez.

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