El paro en Ucayali cumple su quinto día y la tensión no cede. El Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali (FREDEU), que convocó la medida el lunes 10 de agosto junto a transportistas, motocarristas y otras organizaciones, denuncia que el Gobierno anunció el fin de la huelga sin haber dialogado con todos los sectores que la sostienen.
El Ejecutivo dio por terminada la protesta tras el acuerdo que el gobernador regional, Manuel Gambini, firmó únicamente con representantes del sector transporte. Ese pacto, sin embargo, no contempla a las demás organizaciones sociales que integran el pliego original de reclamos, que no se limita al alza del combustible: también exigen atención en salud y educación, dos áreas que, según los dirigentes, las autoridades mantienen desatendidas.
El pasado 14 de agosto, el Ejecutivo anunció un subsidio focalizado para transportistas de carga, pasajeros, transporte fluvial y mototaxis. La medida cubre entre 15% y 20% del precio del combustible durante tres meses. Tras ese anuncio, los transportistas fluviales de Pucallpa acordaron levantar sus bloqueos.
Pero el Frente de Defensa no firmó ningún acuerdo con el Gobierno. Los dirigentes que representan el pliego completo —con reclamos en salud, educación y saneamiento— mantienen la huelga indefinida. La región vive horas de tensión y la protesta continúa pese al anuncio oficial, que se dio de forma unilateral, sin diálogo con todos los gremios.
Lo que revela el acta de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas de Ucayali
El acta que salió de la reunión del 12 de agosto, convocada por la Oficina Defensorial de Ucayali, ordena el pliego de reclamos sector por sector y con cifras concretas que explican por qué la protesta no cede fácil. En ese encuentro participaron representantes del Frente de Defensa, gremios de transporte y organizaciones de salud y educación, con el objetivo de trasladar las demandas a las entidades competentes.
Uno de los reclamos más duros del documento proviene de Campo Verde. El hospital del distrito lleva años sin funcionar pese a que se invirtieron S/36 millones en infraestructura y S/18 millones en equipamiento médico, parte del cual ya se deterioró por el tiempo sin uso. Además, los representantes denunciaron que un proyecto de agua potable está ejecutado desde hace una década pero nunca fue entregado, por lo que sectores de la población recolectan agua de lluvia al no tener otra opción.
El sector transporte, por su lado, puso sobre la mesa un dato técnico que preocupa a la población: el combustible que circula en la región tendría 3,030 partículas de azufre por millón, cuando la norma permite solo 50. Los transportistas advirtieron que ese nivel de contaminación daña sus unidades vehiculares y afecta la salud de los usuarios, por lo que pidieron un decreto supremo que declare la región en emergencia.
El descontento con el pacto suscrito por Gambini trascendió las declaraciones. En el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Campo Verde, un grupo de manifestantes se negó a despejar la vía pese al acuerdo anunciado. La intervención de la Policía Nacional para liberar el tramo derivó en un enfrentamiento violento: los manifestantes incendiaron una camioneta de la PNP y atacaron a los agentes con piedras y bengalas.
El acta firmada también aborda un problema que afecta la vida diaria de miles de familias: más del 85% de los predios rurales de Campo Verde carece de documentación que acredite su situación legal. Esa falta de saneamiento físico-legal genera inseguridad para los propietarios y, además, bloquea la ejecución de obras públicas en salud y educación, porque el Estado no puede invertir en terrenos sin título.
En el ámbito educativo, los representantes denunciaron presuntos actos de corrupción en la UGEL Coronel Portillo y pidieron evaluar la permanencia de la directora. También mencionaron el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que acumulaba más de 78 días de protesta interna. La comunidad universitaria exige la destitución del rector y del vicerrector académico, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
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El acuerdo que el Gobierno presentó como el fin del paro no representa a todos los sectores movilizados. Mientras Gambini celebraba la firma del acta con los gremios de transporte, otro grupo de manifestantes se mantenía en la vía, sin reconocer ese pacto como una solución real a sus demandas.
La Oficina Defensorial de Ucayali hizo seguimiento a los hechos desde el primer momento. En su reporte inicial, la Defensoría del Pueblo informó que 11 personas fueron intervenidas y trasladadas a la Dirincri de Pucallpa. Cinco policías resultaron heridos y diez personas más recibieron atención médica por inhalación de gas lacrimógeno. Todas fueron dadas de alta tras el tratamiento correspondiente.
Horas después, la propia Defensoría actualizó la cifra: 13 personas quedaron detenidas, entre ellas tres menores de edad y diez adultos. El número de policías afectados también subió a 15. La institución tomó contacto con la jefa de la Micro Red de Salud de Campo Verde, Liz García, y con el jefe de la comisaría del distrito para conocer el estado de los intervenidos y el avance de las diligencias. Familiares de los detenidos pidieron garantías para el respeto del debido procedimiento.
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