La contaminación del crimen organizado no solo viene de afuera: también corroe al Estado desde adentro, compra voluntades y convierte a quienes deben perseguirlo en sus socios. Por eso, ninguna estrategia de seguridad, nacional o latinoamericana, funcionará si antes no se restaura la integridad policial. No se trata de condenar a toda la institución: miles de agentes honestos cumplen su labor en condiciones adversas. Pero los indicadores de infiltración criminal en ciertas unidades y niveles son graves y bastan para comprometer la eficacia de la fuerza y erosionar la confianza ciudadana.

La región ofrece experiencias valiosas. Guatemala fue más lejos que Honduras: mediante un acuerdo con la ONU creó la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que desarticuló redes criminales dentro del aparato estatal y fortaleció a fiscales y policías nacionales. Honduras, por su parte, estableció en 2016 una comisión externa que revisó antecedentes, patrimonio y desempeño de los agentes y separó a miles de ellos.

Para el Perú, la propuesta es una Comisión Nacional Autónoma de Integridad y Transformación Policial, con miembros independientes y respaldo de la cooperación internacional. Su tarea: evaluar patrimonios, antecedentes, ascensos, destinos, compras y unidades sensibles; separar con debido proceso a quienes no sean idóneos y denunciar penalmente los delitos comprobados. Lima no podrá impulsar un sistema latinoamericano contra la criminalidad si no empieza por sanear su propia institución. Un nuevo gobierno es la oportunidad para enfrentar una situación que está a la vista de todos y que, al parecer, nadie quiere ver. Combatir al crimen exige recuperar primero al Estado desde dentro.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →