La salida del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, sería ejecutada por el Ejecutivo en medio de un creciente distanciamiento entre el gobierno y los altos mandos policiales, según fuentes de La República. La decisión, sin embargo, choca con el marco normativo vigente, que establece un periodo fijo de dos años para el cargo.
Arriola asumió la Comandancia General de la PNP el 30 de septiembre de 2025 y su gestión culminaría recién a finales del próximo año. La norma que fija ese periodo se aprobó el 1 de septiembre de 2022 con el voto unánime de Fuerza Popular a favor de la modificación, lo que evidencia cómo las decisiones del fujimorismo en el Ejecutivo chocan una vez más con las de su propia bancada en el Legislativo.
La salida de Arriola no puede darse por voluntad política, a menos que se cumplan ciertas cláusulas contempladas en la ley, como el pase a retiro por límite de años de servicio, solicitud propia, incapacidad comprobada o una falta muy grave debidamente investigada por Inspectoría.
Especialistas advierten que la eventual salida del comandante general de la PNP reflejaría la falta de una estrategia clara frente a la inseguridad, en un contexto donde el Ejecutivo ha incrementado la presencia militar en la gestión ministerial y en las calles. El planteamiento de su salida ocurre en medio de señales políticas específicas, tales como la ausencia del general Arriola en las fotografías de reuniones oficiales, la militarización de la gestión del orden interno, además del reciente copamiento en el Ministerio del Interior (Mininter), donde existe una mayor presencia de cuadros militares.
A esto se le suma la reciente declaración de Keiko Fujimori, quien al ser consultada por la permanencia de Arriola en el cargo, evitó confirmar su continuidad y se limitó a responder que esa decisión se tomaría junto al ministro del Interior, el general de división EP (r) César Astudillo.
Modificaciones respecto a la conformación, periodo de gestión y las únicas causales de cese anticipado para el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para el politólogo Edgardo Manyari, consultado por La República, la eventual salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la PNP no hará mella en la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Arriola es un peón más del ajedrez”, sentenció, y advirtió que el relevo no modificará la situación crítica que golpea sobre todo a los sectores más vulnerables. En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo no tenga una hoja de ruta definida para contener la criminalidad: “[La posible salida Arriola] demuestra que el gobierno no tiene ningún plan contra la inseguridad ciudadana”, afirmó.
El especialista fue más allá y señaló que el problema no pasa por nombres propios sino por la ausencia de estrategias consistentes. “El problema de la inseguridad no son personas, sino planes coherentes. Ya hemos visto el fracaso del plan Escudo, y la salida a las calles de las Fuerzas Armadas”, recordó. Para Manyari, la militarización del sector no es el camino, y cualquier intento de fortalecimiento institucional debería pasar por una reestructuración profunda, considerando los altos niveles de infiltración delictiva que existen en la corporación.
En ese punto, el politólogo fue enfático al advertir sobre los riesgos de ampliar capacidades sin antes depurar la institución. “Fortalecer la policía en estos momentos, con el nivel de corrupción que tiene, sería muy peligroso. Podría significar darle más armas, darle más capacidades operativas, incrementar en los sueldos, pero con el nivel de corrupción que tiene la policía, eso va a ser al revés, va a aumentar el nivel de inseguridad. ¿Por qué? Porque la policía lamentablemente está infectada de corrupción”, explicó. Por ello, propuso articular una respuesta multisectorial y técnica que sume a la cooperación internacional y a la academia, además de impulsar una reforma profunda de la PNP. “(…) que se reactive el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se incluyan las Fuerzas Armadas y se incluya sobre todo a la academia”, detalló.
El analista político y abogado Juan De la Puente, en tanto, consideró que el cambio en la comandancia no es un episodio aislado. A su juicio, representa el cierre de un ciclo en el que el general Arriola cumplió un rol político y policial determinante. “La salida de Arriola es más que eso (…) simboliza el fracaso del Estado peruano frente a la ola delictiva”, sostuvo. Y añadió, en términos puntuales, que “el general Arriola ha sido el operador político y policial de la República obscena, incluso antes de ser comandante general de la policía”.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza también se pronunció sobre la gestión de Arriola al frente de la PNP y consideró que, si bien lo ideal sería respetar el periodo establecido por ley para preservar la institucionalidad, al actual comandante general se le debe exigir un cambio urgente en la planificación estratégica. “Creo que por un tema de mantener la institucionalidad, en general, respetaría terminar su periodo [...]. Sin embargo, me parece que en tanto está él al mando, se le tiene que exigir acciones de planificación, acciones de redireccionamiento de la estrategia que hasta ahora no ha dado, porque es el jefe de la Policía”, manifestó.
En esa línea, el extitular del Mininter cuestionó duramente el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo urbano y patrullaje en espacios públicos, medidas que calificó como ineficientes y de carácter simbólico. “Yo creo que las Fuerzas Armadas en temas como la inseguridad, solo realizan labores simbólicas. Hace muchos años vemos Fuerzas Armadas en la calle, en todos los estados de emergencia prácticamente militares. Todas las Fuerzas Armadas han sido desplazadas en algunos puntos (...). Yo creo que esos recursos que se gastan en esa movilización simbólica deberían de trasladarse para la compra de equipamiento, para hacer inteligencia, para recursos, (…)”, señaló.
Al evaluar la actual conformación del ministerio y la tendencia a militarizar los operativos urbanos, Pedraza advirtió sobre la eficacia de estas decisiones y coincidió en que existe una falta de rumbo en la estrategia de seguridad. “Veo, entonces, una situación inconveniente para esos tiempos en los que se necesita un compromiso enorme si quieres trabajar en el sector interior y la Policía. Sin embargo, esta situación se puede salvar cuando se observan planes adecuados, cuando se observe el diálogo. Y aunque dos semanas de gobierno son muy prontos para pedir resultados, diría que lo que estoy observando hasta ahora me indica que no se está yendo por un buen camino”, manifestó Pedraza.
Previamente, el abogado y exprocurador De la Puente había recordado que, en su paso por la Dirincri y la Dircote, Arriola impulsó narrativas para estigmatizar las protestas sociales. “Como jefe de la dirección de investigación criminal [Dirincri] de la policía entre los meses de mayo y junio del 2023, él inventó graves cargos contra los manifestantes. (…) Y meses atrás, cuando tenía otro cargo, cuando era director contra el terrorismo [Dircote], me refiero a enero del 2023, cuando estaba en su punto de efervescencia en las protestas sociales, llegó a decir que las movilizaciones en tres ciudades fueron organizadas por el Comité Regional de Sendero Luminoso”, señaló De la Puente.
Ricardo Valdés: “La militarización de la institución es un error”
Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, la eventual salida del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debería concretarse a través de un diálogo directo con la presidenta. En declaraciones a La República, consideró que lo más beneficioso para el país es su renuncia: “Me parece que la presidenta perfectamente podría dialogar con Óscar Arriola y solicitarle su renuncia. En tanto que se trata de un gobierno nuevo y que se trata de generarle a la población un mensaje de renovación (…). Me parece que en ese diálogo el comandante general debería estar dispuesto por el bien de la ciudadanía y del país a dar un paso al costado presentando su carta de renuncia”.
Valdés también cuestionó con dureza la creciente presencia de mandos y poderes militares en la gestión del sector, una medida que, a su juicio, debilita el diálogo político con las autoridades locales y regionales. “Siento que estamos, lamentablemente, repitiendo una receta equivocada para manejar los temas de seguridad, sobre todo a nivel de la política, a nivel de políticas y políticamente hablando a nivel del diálogo político también con las autoridades locales, regionales y nacionales (…). La seguridad requiere de muchos diálogos políticos porque la inseguridad se produce en los territorios que son políticamente manejados por los alcaldes y ahí no hay nada mejor que civiles con experiencia en seguridad que puedan sostener este diálogo”, señaló.
En esa línea, el exfuncionario rechazó la eficacia de involucrar a las fuerzas castrenses en el control de la criminalidad urbana. “Yo personalmente creo que es un error, creo que es un error responder a los temas de seguridad ciudadana solamente con un enfoque persecutorio punitivo y en donde la fantasía de que los militares son más poderosos aplicando la mano dura. Me parece que es una lectura equivocada”. Para Valdés, la militarización de la institución policial es, en definitiva, una medida equivocada que no responde a las necesidades reales de seguridad en los territorios.
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