Unos 400 gremios de transporte a nivel nacional lanzaron un último llamado al Gobierno de Keiko Fujimori: si el Ejecutivo no convoca a una reunión y ofrece respuestas concretas en las próximas 48 horas, sus bases regionales evaluarán nuevas medidas de protesta. El pronunciamiento, difundido mediante un comunicado dirigido a la presidenta y a todo el Ejecutivo, coloca nuevamente al sector en el centro de la creciente tensión social por el precio de los combustibles.
Los transportistas sostienen que la crisis del sector no responde a un solo problema, sino a una acumulación de dificultades que, según afirman, requieren decisiones urgentes. Entre sus principales reclamos figuran el incremento de los combustibles, la inseguridad y los problemas estructurales que permanecen pendientes. Además, advierten que las medidas de protesta podrían intensificarse si no se cumplen sus demandas sobre precios y condiciones del mercado.
Los gremios cuestionaron el impacto del alza de los combustibles sobre sus costos operativos y advirtieron que el encarecimiento termina trasladándose a los productos y servicios que consume la población. Por ello, exigieron medidas que permitan garantizar condiciones que consideran transparentes y justas en el mercado de combustibles. También pidieron evitar que determinados operadores obtengan beneficios desproporcionados a costa de los transportistas y ciudadanos.
El gremio expuso su pliego de reclamos al gobierno de Keiko Fujimori esperando una pronta respuesta. La presión sobre el Ejecutivo crece en un contexto donde la inseguridad y los costos operativos golpean a los transportistas a nivel nacional.
Los gremios de transporte rechazaron que sus demandas sean vistas como pedidos de privilegios o beneficios particulares. "No pedimos dádivas. Pedimos soluciones", señalaron en su pronunciamiento, en el que también exigieron la instalación urgente de mesas de trabajo con participación de los gremios representativos del sector y de funcionarios con capacidad efectiva para tomar decisiones políticas.
El segundo gran reclamo está vinculado a la inseguridad. Los transportistas denunciaron que conductores, cobradores, empresarios y pasajeros son víctimas de extorsiones, robos, asesinatos y otras modalidades de violencia criminal. "Quienes trabajan honradamente para movilizar al país" no pueden continuar expuestos a la delincuencia, sostuvieron, y responsabilizaron al Estado de garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores del sector en calles, carreteras y ciudades. El pedido cobra especial relevancia ante el incremento de los ataques contra unidades de transporte y las denuncias de extorsión que afectan a empresas y conductores en diferentes puntos del país.
Además, los gremios cuestionaron que diversos asuntos estructurales del transporte nacional permanezcan sin una solución definitiva. Consideraron que los cambios de Gobierno y de autoridades no deben significar que los problemas del sector vuelvan a quedar postergados. Este reclamo se produce mientras el Gobierno enfrenta una escalada de protestas en distintas regiones por el incremento de los precios de los combustibles. El Ejecutivo anunció medidas de subsidio para contener el impacto sobre el transporte, pero los gremios sostienen que el problema requiere una respuesta integral.
El pronunciamiento de los gremios de transporte cerró con un mensaje directo a la presidenta: "Atender al transporte es atender al Perú". Bajo esa premisa, los transportistas remarcaron que el sector es transversal para la economía nacional, pues permite trasladar alimentos, mercancías, trabajadores, estudiantes y millones de ciudadanos. Aun así, aseguraron que todavía apuestan por una salida institucional y pacífica y que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno.
Sin embargo, el ultimátum es claro: el Ejecutivo tiene 48 horas para convocar a una reunión y presentar respuestas concretas. De no ocurrir, las bases regionales evaluarán y adoptarán las medidas que consideren necesarias para defender sus derechos e intereses. Los gremios señalaron que la responsabilidad de evitar una escalada del conflicto también corresponde al Ejecutivo.
Las mesas de diálogo, según plantearon, deberían abordar tres ejes: el precio y las condiciones del mercado de combustibles; la inseguridad, extorsión, sicariato y violencia criminal; y los problemas estructurales que permanecen pendientes en el sector. El ultimátum coloca así al Gobierno ante un nuevo escenario de presión social: mientras continúan los reclamos por el precio de los combustibles y la inseguridad, el Ejecutivo tendrá ahora 48 horas para intentar abrir una vía de diálogo con los gremios y evitar que nuevas bases regionales se sumen a las medidas de fuerza.
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