Mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros, el Banco Mundial (BM) desembolsó 200 millones de dólares para apoyar al Gobierno de Colombia en la atención de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste del país y dejó al menos 285 muertos, más de 3.900 heridos y 379 desaparecidos.
La institución con sede en Washington informó que los recursos ya están disponibles para las labores de respuesta y reconstrucción, y que además inició "un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico".
El desembolso corresponde a una línea de crédito de emergencia denominada Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat DDO), diseñada para ser utilizada ante situaciones de emergencia. Dicha línea tiene capacidad de ampliarse hasta 450 millones de dólares, monto que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, mencionó ante el Congreso, aunque el Gobierno todavía no presentó una solicitud formal para acceder a los 250 millones adicionales.
El presidente colombiano decretó la emergencia económica y se creó un fondo para canalizar las ayudas internacionales. La búsqueda de los 379 desaparecidos sigue siendo la prioridad para las autoridades, en medio del reclamo de México, que señala que Colombia rechazó a sus rescatistas por exigir una nueva certificación mientras continúan las labores de rescate.
Con la maquinaria pesada ya retirando escombros en los sectores donde los equipos consideran poco probable hallar personas con vida, el rescate en Colombia entró en una etapa crítica. Tras cumplirse las primeras 72 horas desde el terremoto, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los 379 desaparecidos que permanecen bajo estructuras colapsadas. David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que "la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando", pero insistió en que "la consigna es no dejar de buscar (...) no descansar hasta que no demos un parte de encontrar esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros”.
La catástrofe destruyó además más de 10.000 viviendas, dejando a miles de familias sin hogar. En Cali, una de las ciudades más afectadas, parques y calles se convirtieron en refugios improvisados. En paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas 3 días antes del terremoto, decretó la emergencia económica para facilitar medidas destinadas a enfrentar las consecuencias de la catástrofe. Los recursos financieros ya están en camino: el crédito del Banco Mundial fue pactado a 20 años, con cinco años de gracia, y según fuentes citadas en la recopilación, los pagos semestrales comenzarían en marzo de 2030 y concluirían en septiembre de 2044.
La movilización ciudadana sigue marcando la respuesta humanitaria: miles de personas han llevado agua, alimentos y medicamentos a los barrios afectados, mientras voluntarios colaboran en la búsqueda y recuperación de pertenencias. En paralelo, el Gobierno anunció la creación de un fondo para canalizar ayudas internacionales hacia las zonas afectadas y convocó al sector privado a participar en las labores de asistencia y reconstrucción.
La tragedia también generó críticas sobre la gestión de la emergencia y la recepción de ayuda extranjera. Colombia aceptó inicialmente equipos de rescate procedentes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, mientras el canciller Omar Bula aseguró que las decisiones no respondieron a criterios políticos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Colombia rechazó el envío de rescatistas militares mexicanos por un problema relacionado con la certificación. "Están certificados, pero ahora piden otra certificación", sostuvo.
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