La bancada de Juntos por el Perú (JP) insiste en sacar rédito político de la prisión del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y una prisión preventiva por casos de corrupción. En su afán por victimizarlo, los congresistas de esa agrupación han llegado al extremo de solicitar la formación de una “comisión investigadora” sobre unos hechos que, según las pruebas, no podrían estar más claros.

Si los parlamentarios de la izquierda radical quieren saber realmente qué ocurrió ese día y por qué su referente está preso, basta con revisar el video que circula en YouTube. En las imágenes se ve al entonces jefe de Estado con la banda presidencial, ordenando desde su despacho en Palacio de Gobierno el cierre ilegal del Congreso, la toma del sistema de justicia y la convocatoria a una asamblea constituyente. Además, según han declarado más de un testigo, dispuso detenciones arbitrarias.

Los diputados, que parecen repetir como loros el discurso que Roberto Sánchez usaba en campaña, alegan que la detención de Castillo fue ilegal porque aún era presidente en funciones. Pero se equivocan: ese sujeto dejó de ser jefe de Estado en el instante mismo en que terminó de hablar ante la cámara de televisión. Se vacó solo. Cuando su propia escolta lo arrestó en la avenida Garcilaso de la Vega, ya era un ciudadano común que acababa de cometer un delito, fue sorprendido en flagrancia y trataba de esconderse en una embajada.

El afán de victimizar y poner en vitrina al cabecilla de la intentona golpista para hacer ruido político es evidente, y habrá que ver qué opinan en Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación respecto a este absurdo pedido de los diputados de Juntos por el Perú. Parecen dispuestos a despilfarrar tiempo y dinero en investigar lo que está muy claro, al extremo que los golpistas ya han sido condenados en primera instancia, mientras el país tiene problemas realmente urgentes que merecen ser atendidos por quienes fueron elegidos para trabajar de verdad.

Desde este espacio va mi reconocimiento, más bien, a los mandos de la Policía Nacional que en ese momento de gran confusión tuvieron los pantalones bien puestos como para ordenar a la escolta presidencial que detenga al expresidente golpista y lo lleve a la sede de la Región Policial de Lima. De no haber actuado como ordena la Constitución y las leyes, Castillo estaría ahora en México dándose la gran vida y gritando que es un perseguido político, para deleite de quienes reivindican su pateadura a la democracia.

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