Con la nueva distribución de fuerzas en la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú quedó al frente de dos comisiones de alta sensibilidad: Constitución y Justicia. Desde esos espacios podrían impulsarse reformas con enorme impacto institucional, por lo que resulta preocupante que, casi de inmediato, algunos miembros de esa bancada hayan propuesto crear una comisión investigadora vinculada al expresidente Pedro Castillo y su intento de quebrar el orden constitucional en diciembre de 2022.

La inquietud surge de inmediato: ¿el objetivo es esclarecer los hechos o construir una narrativa que termine beneficiando políticamente al exmandatario? Nadie en su sano juicio se opondría a una investigación parlamentaria si existen razones objetivas que la respalden. El Congreso cuenta con facultades de fiscalización y debe emplearlas cuando sea necesario. Pero investigar es una cosa, y convertir una comisión en un mecanismo de revisión política de decisiones que ya fueron puestas en conocimiento de las instituciones encargadas de administrar justicia es algo muy distinto.

Hay además un punto que muchas veces pasa desapercibido: el costo. Toda comisión investigadora demanda recursos públicos, personal, tiempo y logística. En un país que debería enfocar sus esfuerzos en combatir la inseguridad, mejorar los servicios públicos y reactivar la economía, el Parlamento tendría que evaluar si cada comisión que plantea responde a una necesidad real de la nación o simplemente a una agenda partidaria.

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