Tras los fallos del Tribunal Constitucional (TC) que anularon procesos por aportes de campaña, los exinvestigados de casos emblemáticos como Aportes al Partido Nacionalista y Cócteles ya preparan recursos legales contra quienes validaron la continuación de esas investigaciones. En la mira están los exintegrantes del extinto Equipo Especial Lava Jato, entre ellos los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez, el coordinador Rafael Vela Barba, así como algunos magistrados del Poder Judicial.

Fue en octubre de 2025 cuando el TC zanjó la controversia sobre los aportes de campaña mediante una sentencia que señaló: “La figura penal de ‘receptación patrimonial’ (…) fue incorporada al Código Penal recién en noviembre de 2016, es decir, después de los hechos investigados” y atribuidos por el fiscal Pérez en el Caso “Cocteles”, proceso que tenía como principal investigada a la entonces excandidata presidencial Keiko Fujimori.

La decisión también impactó en el caso por los Aportes al Partido Nacionalista, liderado por el fiscal Juárez, donde Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sentenciados por lavado de activos. El TC anuló ese fallo porque la imputación inicial era receptación patrimonial en campañas de 2006 y 2011, cuando la norma no configuraba ello como delito.

El tribunal concluyó que la Fiscalía no precisó correctamente “el delito fuente o procedente, del cual habrían provenido los fondos presuntamente ilícitos”, y “no justificó racionalmente que el procesado tuviera conocimiento o pudiera presumir dicho origen ilícito”.

El panorama que se vislumbra para los funcionarios o exfuncionarios cuestionados incluye desde pedidos de indemnización hasta denuncias penales, y el Estado peruano también podría ser demandado. Las pesquisas del Caso Cócteles comenzaron en 2016, mientras que la investigación por los “Aportes” se inició en 2015: once y nueve años de indagaciones, respectivamente.

Según fuentes de este Diario, la defensa del expresidente Ollanta Humala ya esboza una estrategia que contempla ambas vías, un escenario que también evalúan los exprocesados de los casos citados. “Hay dos tipos de acciones que se van a ir generando. Las denuncias penales se presentarán principalmente por el delito de abuso de autoridad, por haberse generado un proceso que ha durado tanto tiempo. Muchas personas fueron detenidas arbitrariamente y eso se ha producido sabiendo los jueces y fiscales que los hechos no eran delito, como ya se ha establecido recientemente. Entonces, el primer tipo de acciones son acciones de carácter penal, que tienen que ir dirigidos contra todos los magistrados que hayan intervenido en estos casos”, señalaron.

El segundo camino, indicaron, será “el pedido que se hará aplicando la ley de indemnización por error judicial (Ley 24973), una norma antigua, pero que se encuentra vigente y que sanciona civilmente todas las decisiones judiciales que se hayan dictado de manera arbitraria y con error flagrante”. En esa línea, añadieron fuentes del entorno humalista: “Se van a generar acciones civiles contra los fiscales y jueces que intervinieron en cada caso –dentro de cada caso intervinieron, incluso, distintos jueces–, en su momento. Eso será materia de una demanda civil”.

El diputado Pier Figari (Fuerza Popular) se convirtió en el primero de los 46 exacusados del Caso Cócteles en confirmar la presentación de una demanda. Su abogado, Aurelio Pastor, será el encargado de llevarla a cabo. “Voy a ir primero por la vía civil y estoy evaluando la vía penal todavía. Pero voy a tomar varias acciones, no solo una”, precisó al programa Beto a Saber. Figari estuvo alrededor de tres años bajo prisión preventiva, tiempo que considera necesario reclamar.

La defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también aguarda el momento adecuado para interponer sus recursos. A diferencia del caso Figari, no fue el Tribunal Constitucional el que resolvió la situación del exmandatario, sino la Corte Suprema, que ya había sentado un precedente en el caso Susana de la Puente. En esa línea, el máximo tribunal concluyó que la Fiscalía no sustentó adecuadamente las imputaciones de lavado de activos y asociación ilícita contra PPK, lo que llevó al juez Richard Concepción Carhuancho a archivar en mayo de este año el caso por las campañas del 2011 (Alianza para el Gran Cambio).

No obstante, aún queda pendiente una apelación de la defensa tras la negativa de la juez Margarita Salcedo a archivar el caso por los aportes del 2016. Según el abogado del expresidente, Julio Midolo, la respuesta debería llegar en “el transcurso de la próxima semana”.

Estas acciones legales corren de manera paralela a los recursos en la vía administrativa, que involucran a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público o del Poder Judicial y a la Junta Nacional de Justicia. En ese ámbito, los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, del juzgado que sentenció a Humala y Heredia, fueron suspendidos por seis meses en el marco de un proceso disciplinario. La medida respondió exclusivamente a la decisión de ejecutar la pena inmediatamente después del adelanto del fallo.

“Ya quedó demostrado que no solamente se trató de una inconducta funcional (por parte de los funcionarios), sino de un abuso a autoridad, pues se estaba discutiendo un delito que en el momento no lo era”, afirmó el letrado a Correo, quien además adelantó que “se está evaluando un tema de reparación civil que seguramente será un proceso largo y que tendrá que ser en contra del Estado”.

En esa línea, explicó que las acciones legales recién comenzarán cuando “queden consentidas las resoluciones, es decir, que ya no haya posibilidad alguna de que la Fiscalía o la Procuraduría puedan apelar y a partir de ese momento iniciaremos algunas acciones”.

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