Horas después de que las Cortes Superiores de Justicia del país emitieran un comunicado conjunto exigiendo respeto a la independencia judicial, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada por la prensa sobre la denuncia disciplinaria que el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, presentó contra tres jueces del caso Castro Castro. Su respuesta fue escueta: "Cada senador es responsable de su opinión".
La mandataria no condenó la denuncia de su copartidario ni pidió que la retire, pero tampoco defendió abiertamente su contenido. Con esa frase, dejó la decisión en manos del propio Rospigliosi y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que ahora deberá evaluar si abre proceso disciplinario contra los tres magistrados denunciados.
El pronunciamiento de las Cortes Superiores, firmado antes de las declaraciones de Fujimori, pidió a los "actores políticos" no usar denuncias disciplinarias para cuestionar fallos judiciales. En tanto, crecen las voces dentro del propio Poder Judicial que advierten sobre presiones políticas contra la magistratura.
La denuncia que el senador Rospigliosi presentó ante la JNJ el 11 de agosto apuntó directamente contra los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, integrantes de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Ese mismo día, las Cortes Superiores emitieron un pronunciamiento respondiendo al pedido de destitución. Los magistrados habían condenado a cuatro policías a 15 años de prisión por la Masacre de Castro Castro, ocurrida en 1992, y en ese proceso inaplicaron dos normas impulsadas por Rospigliosi en el Congreso anterior: la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y la Ley 32419, que otorga amnistía a policías y militares procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva.
El senador sostiene que esa decisión desconoce un fallo del Tribunal Constitucional y constituye una infracción grave. La situación contrasta con lo que la presidenta había prometido apenas días antes: el 4 de agosto, en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Fujimori garantizó "absoluto respeto" a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. La denuncia, presentada una semana después de ese compromiso público, puso a prueba esa palabra.
El patrón de denuncias contra magistrados no es nuevo. En julio, Rospigliosi denunció a la fiscal Rosario Quico Palomino por un caso similar; en marzo, junto con Jorge Montoya, presentó una denuncia contra el juez Jorge Chávez Tamariz; y en agosto de 2025 contra Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. La secuencia se repite cada vez que un juez falla en contra de las leyes de amnistía impulsadas por el propio ministro.
Las Cortes Superiores, mediante un documento firmado por los titulares de Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco, entre otras, respondieron citando el artículo 139° de la Constitución. En el texto exigen que cualquier discrepancia con un fallo se resuelva mediante apelaciones y no a través de denuncias disciplinarias, y advierten contra el "amedrentamiento" y la "instrumentalización" de las instituciones públicas contra los jueces.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ya había anticipado este escenario el 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez, en la que también participó Keiko Fujimori. En esa ocasión, Tello advirtió con declaraciones contundentes que destituir a un magistrado solo porque una autoridad discrepa con su criterio eliminaría por completo la independencia judicial, y calificó ese escenario como arbitrario.
La magistrada también descartó que el Poder Judicial persiga políticamente a militares y policías, al precisar que investigar hechos contrarios a la ley no equivale a perseguir a nadie, sino a buscar la verdad. Esa misma jornada, Keiko Fujimori prometió respeto absoluto a la separación de poderes, un compromiso que la denuncia presentada días después por su propio senador puso a prueba. La frase de Tello, pronunciada semanas antes de la acusación de Rospigliosi, describe con precisión el escenario que se repitió el 11 de agosto: los ataques contra jueces revisten mayor gravedad cuando provienen de actores políticos disconformes con un fallo, en especial si tienen interés directo en el resultado del proceso cuestionado.
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