Para el candidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Edgardo de Pomar, la postulación de Rafael López Aliaga al sillón municipal constituye una “reelección encubierta” que contraviene la Constitución. Así lo manifestó durante una entrevista con Prueba de Fuego, en la que también arremetió contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber permitido esta candidatura.
“Lo más grave de esto es que el Jurado Nacional de Elecciones, con un miembro de la Corte Suprema a la cabeza, haya dado luz verde a esta violación constitucional”, señaló De Pomar, quien precisó que en ese órgano electoral hubo una excepción en el voto de un magistrado. En esa línea, el también profesor de Derecho Municipal sostuvo que López Aliaga habría recurrido a un “testaferro electoral” para postular nuevamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
“Absolutamente inconstitucional esta reelección encubierta”, afirmó el candidato del PPC, quien añadió que la actual postulación de López Aliaga fue precedida por “actos preparatorios” orientados a concretar lo que calificó como una vulneración de la Constitución y del derecho. “Ya se avizoraba, se estaba trabajando esos actos preparatorios, como llamamos en el derecho, para luego consumar el golpe a la Constitución, la violación a la Constitución y al Derecho”, sostuvo.
Cuestiona la llegada de los trenes a Lima
En otro momento de la entrevista, De Pomar fue consultado por la situación de los trenes que llegaron a Lima y por las declaraciones en RPP del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, quien señaló que estos fueron comprados y no donados.
El candidato del PPC cuestionó la legalidad de la recepción y adquisición de los trenes, pues señaló que el Congreso retiró las competencias de la Municipalidad de Lima y del Instituto Metropolitano de Transporte para entregarlas a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En ese sentido, afirmó: “En consecuencia ya no tiene competencia la Municipalidad de Lima para poder administrar el transporte y en consecuencia no tenía por qué traer los vehículos”.
No obstante, sostuvo que, independientemente de cómo llegaron, los trenes deben funcionar ante la demanda de aproximadamente tres millones de personas en Lima Este. De Pomar agregó que López Aliaga debió realizar de manera paralela, con la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los procesos necesarios para que el concesionario de la vía pudiera aceptar la operación de los trenes.
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