Sinadef reporta 83 homicidios en los primeros días del gobierno de Keiko Fujimori

Entre el 28 de julio y el 10 de agosto, el Sinadef registró 83 homicidios en el Perú, una cifra que coincide con las primeras semanas de gestión de Keiko Fujimori al frente del Ejecutivo. De ese total, 63 fueron por arma de fuego y 10 por arma blanca. Los asesinatos tienen nombre propio: un suboficial de la Policía, un zapatero, una adulta mayor, un joven venezolano, todos muertos a balazos o a cuchillo en distintos puntos del país.

El Sinadef contabilizó 53 homicidios solo entre el 1 y el 10 de agosto, de los cuales 46 fueron cometidos con arma de fuego. Esa proporción es la más alta registrada en cualquier periodo similar del 2026 hasta el momento. En apenas diez días, agosto acumula un porcentaje de muertes por arma de fuego mayor que el de meses completos anteriores, según las cifras oficiales.

La violencia no da tregua ni siquiera de un día para otro. Solo entre el 11 y el 13 de agosto, La República reportó al menos siete crímenes distintos en La Libertad, Lima, Arequipa y Lambayeque. Entre ellos figuran un policía asesinado en una carretera de La Libertad, un hombre perseguido a tiros por las calles del Rímac y un cadáver hallado en una trocha de Chiclayo, casos que se detallan más adelante en esta nota.

En un evento público esta semana, Keiko Fujimori reconoció la gravedad del problema y pidió paciencia a la ciudadanía. Aseguró que su gobierno trabaja en una estrategia, aunque sin precisar en qué consiste. Esa respuesta llega mientras los registros oficiales muestran que la violencia armada sigue en aumento en las primeras semanas de su mandato.

En la región norte, los crímenes se acumulan en cuestión de horas. En Chiclayo, agricultores hallaron el cuerpo de Andersson Tarrillo Linares, de 33 años, en una trocha carrozable del sector Samán, con heridas de bala. Un día antes, María Isabel Torres Huamán, de 71 años, fue apuñalada en plena calle en el distrito de José Leonardo Ortiz; la Policía detuvo minutos después al presunto responsable, aunque hasta el cierre de esta nota no se conocía el móvil del ataque. En La Libertad, el suboficial Max Mondragón Rodríguez, de la comisaría de Guadalupe, murió a balazos cuando se desplazaba en motocicleta rumbo a Pueblo Nuevo, en Chepén. Horas antes, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, un zapatero identificado como Alex Arroyo Cueva fue atacado a cuchillo en plena vía pública; sus vecinos lo trasladaron al hospital Belén, pero no logró sobrevivir. Se presume que fue víctima de extorsión.

Ese mismo distrito de El Porvenir registró otro ataque armado días antes: Erick Aguilar Pereda recibió cinco disparos de desconocidos en el sector Villa Hermosa. Según fuentes policiales, el móvil habría sido un ajuste de cuentas. En Lima, un joven venezolano de 24 años, identificado como José Daniel Olivares Silva, murió tras ser perseguido a balazos por varias cuadras del Rímac; los peritos hallaron más de ocho casquillos en la escena. Vecinos señalaron que la víctima trabajaba como mototaxista y que se ocultaba por una presunta deuda.

Estas cifras no son estáticas. El sistema del Sinadef actualiza sus registros de forma constante, por lo que el número de víctimas de agosto seguirá creciendo en las próximas semanas. Pero más allá de los porcentajes, cada caso corresponde a una persona con nombre, oficio y familia. Esta nota reúne ambas caras del problema: los casos recientes y lo que dicen las cifras oficiales sobre la violencia armada en el país.

El analista de datos Juan Carbajal, especialista en registros de criminalidad, explicó a La República que estas cifras no están cerradas. Los números de agosto seguirán sumando casos en las próximas semanas, señaló, tal como ocurrió con cada uno de los meses anteriores. El sistema, dijo, corrige y completa la información de forma progresiva. En julio, el mes previo a la instalación del nuevo Gobierno, se registraron 166 homicidios, de los cuales 111 fueron con arma de fuego: 66.9% del total. Los primeros diez días de agosto ya superan ese porcentaje por casi veinte puntos. El mismo patrón se repite en meses anteriores, aunque con porcentajes distintos. Enero cerró con 68.9% de homicidios por arma de fuego; febrero, 67.5%; marzo, 73.8%; abril, 66.7%; mayo, 71.1%; y junio, 76.7%. En Arequipa, una pelea entre trabajadores de construcción civil terminó en tragedia. Joel Qquenta Mamani, de 34 años, murió apuñalado en el pecho tras un altercado en el sector Las Malvinas, en Pedregal. La Policía detuvo a uno de los presentes como sospechoso, mientras el principal implicado permanece prófugo. Estos siete casos, reportados en menos de tres días y en cinco regiones distintas, forman parte de los registros que alimentan las cifras del Sinadef. Con ese panorama de fondo, Keiko Fujimori admitió que su gobierno todavía no tiene una respuesta concreta frente a la inseguridad. Lo hizo en un evento por el Día del Bodeguero, rodeada del titular de Interior, César Astudillo, y del vicepresidente Miguel Ángel Torres. La mandataria pidió tiempo para mostrar avances y evitó precisar en qué consiste el plan que, según dijo, ya está en marcha. "No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno", afirmó.

Fujimori aprovechó el espacio para defender su cercanía con la Policía y las Fuerzas Armadas frente a quienes la interpretan como una jugada calculada. Negó ese cálculo y lo planteó como una muestra de respaldo institucional. "Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia.

En el mismo escenario donde Astudillo, responsable directo de la política de seguridad, escuchó el pedido de paciencia de la mandataria, también estuvieron el ministro Juan Carlos Requejo y la diputada Rosangella Barbarán. La ausencia de detalles concretos contrasta con las cifras que maneja el Sinadef, que registra 83 homicidios en las dos primeras semanas de su Gobierno.

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