Para Rubén Vargas, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), el contrabando no es solo el ingreso de mercancías a un país evadiendo los derechos de aduana. En diálogo con Gestión, precisa que la definición exacta implica “Esquivar el control de bienes de procedencia lícita”. La dinámica cambia por completo cuando lo que cruza la frontera es un elemento adulterado: ahí ya se configura un tráfico ilícito. “Eso tiene otro ángulo de investigación que no es solamente administrativo”, añade el exministro.
Vargas sostiene que ninguna modalidad delictiva puede enfrentarse de forma aislada. “No podemos analizar el problema del contrabando o el problema del tráfico ilícito de cocaína o del oro ilegal de manera aislada ni sectorizada. Tenemos que pensar en torno a las economías ilegales como un todo”, aclara. En esa línea, advierte que el control territorial debe ser transversal, pues los bienes legales e ilegales se movilizan con las mismas estrategias delictivas.
El exministro detalla que “lo que estamos viendo ahora es que insumos químicos, como el mercurio que utiliza la minería ilegal; los explosivos de dinamita que también lo emplean; las armas que utiliza el crimen organizado y más están ingresando bajo la modalidad de tráfico ilícito, camuflados con cigarrillos y con ropa usada, principalmente”.
El vínculo entre ilegalidad y política es el siguiente eslabón. Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, ubica el peligro en la falta de claridad conceptual que permite burlar la ley: “Detrás del contrabando están las economías ilegales que tienen muchos recursos, lo cual les permite financiar organizaciones políticas”. Esa capacidad de financiamiento, sumada a la transversalidad de las estrategias delictivas, convierte a las economías ilegales en un fenómeno que trasciende lo meramente aduanero y se proyecta al terreno electoral de cara a los comicios de 2026.
El riesgo, según el análisis, es que esos representantes lleguen al Congreso y busquen blindar sus actividades. “(Estos grupos políticos) van a tratar de despenalizar ciertos temas, mantener el status quo para que ellos sigan operando y ganando más espacio. No es (un problema) nuevo; en el Congreso ha habido muchos partidos que eran enemigos, pero, cuando se tocaban temas como la tala ilegal, las fuerzas opositoras se sumaban y defendían”, advierte un especialista.
Vargas coincide con esa lectura y va más allá: “Las economías ilegales financian a sus propios candidatos, a sus propios partidos políticos en las próximas elecciones. El problema es normalizar que las economías ilegales tengan representación política y exijan espacios económicos y sociales”. Para él, la raíz del fenómeno es otra: “Uno de los factores que permite que las economías ilegales crezcan es la corrupción. No tendríamos un problema gigantesco de contrabando si nuestras fronteras no fuesen tan convenientemente porosas, agujereadas por la corrupción. Entonces, el principal problema que tenemos en el país es la fragilidad institucional”.
En ese escenario, Casas identifica tres condiciones económicas locales que funcionan como un “caldero” para estas actividades. La primera es una gran frontera con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, donde “existe un control laxo de las autoridades”. La segunda es el diferencial de precios entre países: “la distancia entre las cargas impositivas abre un espacio para el contrabando”. El caso boliviano es el más claro, pues “la piratería no está sujeta a ninguna carga tributaria, por lo que el diferencial de precios es bastante fuerte y eso incentiva al consumidor a que adquiera productos en detrimento de los productos legales”. La tercera condición, aunque no la menciona en ese tramo, completa el diagnóstico sobre la fragilidad que permite expandir el fenómeno de cara a los comicios de 2026.
Vargas añade otra valoración sobre el fenómeno: “Además del abandono de nuestras fronteras, está la percepción absolutamente equivocada, tanto de las autoridades como de un sector de la opinión pública, de considerar al contrabando como una especie de un emprendedurismo casi inocuo”. Antes, el especialista ya había explicado la complementariedad entre las economías de escala —que reducen el costo— y las de ámbito, que ahorran en la diversificación de la producción. “Hay bastante complementariedad en el sentido de que los recursos que se pueden generar de actividades ilegales se tratan de lavar a través de otras actividades. Se me ocurren vínculos con minería ilegal, que llevan a que haya contrabando de cigarrillos. Las economías ilegales, entre ellas, se refuerzan. Entonces, tenemos contrabando, trata de personas, minería ilegal, falsificación y más”, analiza.
En cuanto al rol del empresariado, Casas sostiene que puede constituirse como una fuerza que les exige a las autoridades vigilar la regulación de la norma, frente a las variables exógenas que confluyen en la ilegalidad. “El contrabando viene de las distorsiones. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, por las políticas económicas que tienen ellos; y, en el de Perú, por la alta carga tributaria que registran algunos productos”. El especialista advierte que el alto impuesto no resuelve el problema, “porque, si las fronteras son grandes, el diferencial de precios va a incentivar siempre el contrabando”, y agrega: “Hay que trabajar bastante el tema tributario”.
Como referencia de financiamiento alternativo, Casas menciona el fondo minero privado que Jorge Luis Montero, titular del Minem, anunció a inicios de julio como una nueva herramienta, cuyo objetivo es ofrecer líneas de crédito privadas a tasas preferenciales.
Para Vargas, la solución pasa por refundar las instituciones para “que tengan una visión integral de lucha contra las economías ilegales”. En esa línea, propone “crear una institución rectora contra todas las economías ilegales, cosa que no existe”, así como “unificar nuestra legislación para superar esa visión sectorial de lucha”. Se trataría, en sus palabras, de un marco legal con capacidad integradora.
El especialista ilustra el problema con un ejemplo: “Si a alguien le preguntamos cuáles son las cosas que debemos hacer contra la minería ilegal, por ejemplo, nos va a dar una lista que abarca competencias de muchos sectores. ¿Quién es el encargado de articularlas? No existe".
Antes, el experto había señalado que la formalización podría generar un efecto de demostración: “Sería como ‘bajarle la llanta’ a toda la economía ilegal. Si alguien es legal y está pagando impuestos, puede pedirle a un banco un préstamo de dinero, puede acceder a mercados mucho más grandes. Esos son algunos incentivos”.
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