La llegada de Roberto Burneo, un joven vocal de la Corte Suprema, a la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) generó expectativas de un cambio positivo en una entidad que, en los últimos años, sembró dudas entre los electores. Uno de sus mayores desaciertos fue admitir la inscripción del partido del asesino Antauro Humala, decisión que luego el Poder Judicial revocó por iniciativa del Ministerio Público. Con la salida de Jorge Salas Arenas, confieso que esperaba una corrección de rumbo, pero los hechos recientes demuestran que las debilidades persisten.

El papelón de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la primera vuelta de los últimos comicios evidenció la falta de fiscalización del máximo ente electoral. El JNE no supervisó adecuadamente la deficiente labor de la ONPE, entonces dirigida por el inepto Piero Corvetto, y pasó por alto las irregularidades en la instalación de mesas de votación. Esa omisión derivó en una cuestionada ampliación del plazo para el sufragio al día siguiente de las elecciones.

Pero el despropósito más reciente fue permitir que Rafael López Aliaga, elegido senador, rechace ejercer el cargo para el cual pidió el voto de los ciudadanos. La Carta Magna lo prohíbe, tal como lo ha explicado el constitucionalista Natale Amprimo en reiteradas columnas en El Comercio y entrevistas. Amprimo sostiene que no hace falta tomar juramento para ser considerado parlamentario, pues con su sola elección en las urnas ya existe un “mandato congresal” que es irrenunciable. Así, el JNE de Burneo sigue acumulando decisiones que contradicen el marco legal y la voluntad popular.

El JNE ha terminado por darle la razón a quienes se creen “Pepe el vivo”. Con su accionar, el colegiado ha abierto la puerta para que la criollada se imponga a la legalidad, pese a que su función es interpretar las normas cuando haga falta y, en esta ocasión, ha claudicado a ese deber. Lo más grave ocurrió cuando su titular casi bendijo públicamente la sacada de vuelta de López Aliaga y otros alcaldes del país: postular a primer regidor por detrás de un aspirante a burgomaestre que luego presenta “oportuna” renuncia, una reelección encubierta amparada en una tinterillada y un vacío legal. La Constitución, la llamada “ley de leyes”, la prohíbe con todas sus letras. Es cierto que el ciudadano decide si una autoridad es reelecta, pero para postular hay que pasar los filtros constitucionales y legales, que deben respetarse. Acá nadie tiene corona, señores.

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