El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella endureció su postura frente a los grupos armados y habilitó la participación de Estados Unidos en operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico. El anuncio fue hecho en Panamá por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien resaltó el respaldo del mandatario colombiano a esta iniciativa que marca un giro en la política de seguridad del país.
La decisión se da en paralelo a la incorporación formal de Colombia al Escudo de las Américas, coalición antidrogas impulsada por Donald Trump que agrupa a una veintena de naciones de América Latina y el Caribe. El objetivo del acuerdo es reforzar la coordinación regional para enfrentar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
"A través del recién inaugurado presidente, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, y autorizó operaciones militares conjuntas", declaró Hegseth durante el encuentro celebrado en la capital panameña.
De la Espriella, por su parte, ha planteado una estrategia de confrontación directa contra las estructuras armadas que operan en su territorio. El presidente prometió enfrentarlas "sin tregua" y descartó la posibilidad de negociar acuerdos de paz con estas organizaciones, en medio de una escalada de violencia que afecta a distintas regiones del país.
El acuerdo contempla, además, una inversión de US$1.000 millones de Washington en seguridad, un respaldo económico que llega en un momento crítico para el país sudamericano, golpeado por el accionar de los grupos armados y el aumento de la violencia en varias zonas del territorio.
La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas quedó formalizada mediante un memorando de entendimiento suscrito en Panamá por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, con la participación del senador republicano Bernie Moreno. Este acercamiento supone un giro frente a la relación que mantuvo el gobierno de Gustavo Petro con la administración Trump, marcada por frecuentes diferencias. Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, Bogotá y Washington vuelven a profundizar sus vínculos en materia de defensa.
En ese contexto, el Ministerio de Defensa colombiano señaló que la decisión “reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad” de la región. La Casa Blanca, por su parte, contempla destinar US$1.000 millones para reforzar la seguridad colombiana, país considerado el principal productor mundial de cocaína y cuyo mayor mercado de consumo es Estados Unidos. Según la Fundación Ideas para la Paz, unos 25.000 integrantes de grupos armados ilegales obtendrían recursos del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
La cooperación entre Bogotá y Washington no es nueva: en las últimas dos décadas, el Plan Colombia y el Plan Patriota, estrategias financiadas por Estados Unidos, lograron debilitar a grupos rebeldes, aunque sin frenar el tráfico internacional de cocaína. Ahora, la coalición contra el crimen organizado suma a países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y Perú. Hegseth sostuvo que el objetivo es ampliar la presión sobre las organizaciones criminales y que el nuevo mecanismo “va a desmantelar” esas estructuras, consideradas terroristas por la administración Trump.
En esa línea, el funcionario afirmó: “La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro”. Y añadió: “Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad”.
La ofensiva antidrogas también se extiende a aguas internacionales. Hace casi un año, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos contra embarcaciones vinculadas a redes de traslado de drogas. Las acciones arrancaron en el Caribe y luego se trasladaron al Pacífico. Según un recuento de la agencia AFP, los ataques han dejado alrededor de 215 muertos en unos 53 operativos. Hegseth defendió la estrategia y aseguró que produjo una “caída récord” en el tránsito de las denominadas narcolanchas.
Cuestionamientos por ofensiva antidrogas
Las críticas de juristas internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos han marcado el debate sobre la legalidad de la ofensiva y las facultades de los Estados para usar fuerza letal contra presuntos narcotraficantes, al denunciar los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales. En paralelo, el secretario de Defensa estadounidense instó a los miembros del Escudo de las Américas a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal con competencia para investigar y juzgar ciertos crímenes internacionales. "La CPI es una ‘amenaza’ y por eso ‘ánimo encarecidamente’ a los países de la coalición a ‘abandonar’ este organismo", declaró Hegseth, sumando una dimensión adicional a la controversia. Así, la postura de Washington sobre el tribunal internacional se entrelaza con los cuestionamientos a las operaciones conjuntas en la región, mientras Colombia y EE. UU. profundizan su cooperación militar contra el narcotráfico y el crimen organizado.
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