Diversas estimaciones sitúan entre 2% y 3.5% del PBI anual el efecto económico positivo que generan las actividades ilegales en el Perú. El narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, entre otros delitos, sobresalen en esas operaciones criminales, cuya existencia es un hecho concreto que, aunque suene aberrante, evita que la economía peruana esté cerca de la recesión y que el desempleo sea mayor.

Esas actividades son condenables y corresponde al gobierno erradicarlas para vivir en un estado democrático y justo. Sin embargo, algunas son clandestinas y otras notorias, sin que el Estado tenga la capacidad para extirparlas o, peor aún, actúe en complicidad, al estar muchas instituciones públicas corrompidas.

Lo positivo de esa criminalidad vigente se concentra en tres aspectos: aumenta el PBI al incorporar valor monetario de bienes y servicios producidos fuera del marco legal; crea empleo directo e indirecto, mayoritariamente informal, con concentración regional en zonas rurales y extractivas; y genera demanda de bienes y servicios que dinamizan comercios y actividades de soporte locales. Esos efectos provechosos no legitiman los delitos, pero son relevantes para entender la economía real del país.

No todo el valor originado por esos actos punibles permanece en el Perú. Buena parte de lo procedente de la minería ilegal y el narcotráfico sale al exterior, estimándose que cerca de 20%-30% se reinvierte o se gasta localmente en salarios, bienes, servicios y construcción, incrementando la masa monetaria en circulación y la demanda, particularmente en zonas con escasas alternativas productivas.

La apreciación del sol responde, en parte, a ese incremento de la masa monetaria —mayormente en dólares que luego se convierten a soles— y a los superávit récord de la balanza comercial. Eso abarata las importaciones y ayuda a contener la inflación. Pero parte de ese valor que ingresa al país termina integrándose a la economía formal mediante distintas modalidades de “lavado de activos” o blanqueo: la manipulación comercial con empresas pantalla, que sobrefacturan y luego justifican gastos e inversiones; la compra de inmuebles, maquinaria y firmas formales, que distorsiona la medición real de la inversión; y el uso de intermediarios y criptomonedas para mover fondos a nivel internacional.

El efecto en el empleo es enorme: se calcula que cuatro millones de personas tienen trabajo vinculado a las actividades ilícitas, lo que equivale al 15% de la población económicamente activa. Es decir, uno de cada siete trabajadores depende de ellas. En esa nómina figuran mineros, cultivadores de coca, taladores de madera, transportistas, distribuidores y vendedores de bienes de contrabando, pescadores y numerosas personas dedicadas a la piratería de software, medios audiovisuales o la falsificación de moda.

Con semejante magnitud económica ilegal y una población tan amplia viviendo de esas actividades, habría una fuerte resistencia a combatir la ilegalidad. Aun así, pese a su aporte a la economía y al empleo, sería inmoral no intentar eliminar esa lacra manejada por organizaciones criminales, que agrava el mayor problema actual del Perú: la inseguridad que pagamos todos, con la tuya y con la mía.

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