Fronteras de Perú: cómo 1 radio por cada 17 unidades PNP agrava las economías ilegales

El diagnóstico forma parte del informe “Capacidad y tiempo de respuesta de los servicios de seguridad ante emergencias”, elaborado por el Instituto de Criminología junto con el Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado. La investigación revela una grave brecha en la comunicación de las fuerzas del orden en zonas limítrofes.

Fractura en la comunicación fronteriza

Según el análisis de la data gubernamental, el Perú cuenta con 788 dependencias policiales destinadas a fronteras: 116 puestos fronterizos, donde se controla el tránsito de personas, mercancías y vehículos, y 672 comisarías rurales. Sin embargo, para cubrir todos estos establecimientos solo existen 210 equipos de comunicación especializados, capaces de operar incluso en zonas con baja o nula señal móvil. Específicamente, se trata de 46 terminales de radio HF, 82 equipos terminales satelitales fijos y 82 VSAT (Very Small Aperture Terminal, en inglés).

Nicolas Zevallos, director del Instituto de Criminología, advierte sobre las consecuencias de esta carencia: “Hay un desplazamiento con mercadería irregular y los efectivos no pueden intervenir, porque acá son 2 y los otros son 20, armados posiblemente; pero tampoco podrían llamar para que otros intervengan un poco más adelante. Entonces, hay un elemento de capacidad de contacto y comunicación que es indispensable, pero no tenemos instrumentos suficientes para procurarlo”. La falta de radios y satelitales deja a los agentes sin respaldo ante el avance de las economías ilegales en la frontera.

La peligrosidad que advierte Zevallos surge de la confusión conceptual entre contrabando y tráfico ilícito. Mientras el primero quebranta los pagos de derecho de aduana que exige la legalidad, el segundo altera la procedencia de un producto: un cigarro, por ejemplo, podría ingresar de manera irregular y a la vez ser de origen falso. “Y al ser productos tan cercanos al uso cotidiano, hay menos noción del daño que genera en la competitividad de los negocios. ¿Por qué? Porque es aceite, cigarro o jabón; no es cocaína, oro o madera. Parece que tenemos ciertos márgenes de flexibilidad con algo que realmente es peligroso”, advierte el especialista.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ya ha detectado que el contrabando movilizó, en la última década, más de US$ 5,000 millones. Una vez que esos productos de procedencia dudosa se incorporan a la economía peruana, comienza el circuito de la ilegalidad: “La mercadería de competencia leal tiene que pagar impuestos y varias cuestiones para que se pueda vender. Pero un paquete de cigarrillo que entra de contrabando no paga todo lo que paga una corporación, una bodega o un negocio formal”, agrega.

El experto resume que “lo que no hay que hacer es mirar las economías ilegales como compartimentos aislados. Son mercados particulares con negocios particulares y públicos particulares, pero no operan en el vacío. Más bien, dialogan entre sí”. Así, aclara que “ese tabaco ya no es contrabando, ese tabaco es ilegal. No solo no paga impuestos, sino que está prohibida su comercialización”.

En esa misma línea, enfatiza que “el mismo camioncito que entra con el tabaco sale con la droga. El mismo camioncito que entra con el mercurio sale con el oro. Entonces, son flujos que acumulan varios productos en simultáneo y generan una economía ilegal. Esa economía ilegal está alimentada por muchos mercados ilegales, no solamente por uno”.

La situación se agrava porque la inspección limítrofe ya es, de por sí, bastante reducida: el Instituto de Criminología recuerda que Perú registra 7,073 kilómetros de frontera terrestre, pero solo alrededor de 300 kilómetros están bajo custodia de la PNP. Así, la alarma que se enciende en uno de los primeros filtros, el policial, se apaga cuando una llamada no llega ni siquiera a un siguiente paso, a una acción de emergencia.

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