Para el periodo legislativo 2026-2027, Juntos por el Perú (JP) asumirá la conducción de tres comisiones legislativas y una no legislativa, entre ellas la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, una de las instancias más relevantes para el debate de reformas institucionales y cambios a la Carta Magna.

La agrupación también estará al frente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que analiza iniciativas sobre el sistema de justicia, legislación penal y civil, derechos fundamentales y políticas de protección ciudadana. Además, dirigirá Acusaciones Constitucionales, comisión no legislativa encargada de evaluar denuncias contra altos funcionarios del Estado.

Sin embargo, la cartera que genera mayor preocupación es la Comisión de Energía y Minas, dedicada al estudio y debate de propuestas vinculadas a la actividad minera y energética, el aprovechamiento de recursos naturales y su regulación. El experto en derecho ambiental César Ipenza lamentó que las bancadas hayan permitido que JP vuelva a presidir este grupo de trabajo tras su “fracaso” en el Congreso anterior.

“Esta comisión se convirtió en un espacio de representación de los intereses de los mineros informales más que de debate técnico y político”, indicó Ipenza, quien advirtió sobre la potencial ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para seguir “facilitando el camino a los mineros ilegales disfrazados de mineros informales”.

El abogado también alertó que JP podría recurrir a mecanismos de presión contra autoridades que no respondan a sus intereses, con el fin de impedir que ejerzan su rol de control. La distribución de los grupos de trabajo parlamentarios deja así a la bancada con un poder significativo en áreas clave para el país.

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