La bancada de Juntos por el Perú (JP) insiste en la defensa del expresidente Pedro Castillo. Esta vez, presentó una moción para crear una comisión investigadora que, de ser aprobada, indagaría los hechos del 7 de diciembre del 2022. En esa fecha, el exmandatario —hoy sentenciado por conspiración para la rebelión— anunció en un mensaje a la nación la disolución del Congreso, la “reorganización” del sistema de justicia y su intención de gobernar por decretos ley.

La iniciativa fue anunciada por los propios diputados ante la prensa. Yenifer Paredes, cuñada e hija putativa de Castillo, explicó que el objetivo es profundizar en “cómo se produjo la vacancia y la detención” del exdignatario y determinar “quién tomó las decisiones” frente a las protestas posteriores a su arresto.

El documento, ya ingresado al Congreso, sostiene que “organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, han emitido pronunciamientos que sostienen que la privación de libertad del expresidente habría tenido carácter arbitrario, y han formulado recomendaciones al Estado”. La moción añade que “(Estas) circunstancias, por su relevancia constitucional e institucional, ameritan un esclarecimiento integral mediante el ejercicio de la función investigadora del Congreso”. No obstante, los legisladores no detallaron qué otras entidades supranacionales habrían adoptado una postura similar.

Llama la atención que, apenas un día después de la proclama castillista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condenó las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoció la respuesta democrática de las instituciones y llamó a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.

En contraste, Miriam Estrada Castillo (Ecuador), integrante del grupo de trabajo de la ONU, calificó la proclama como parte de la “libertad de expresión” de Castillo.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →