El Congreso de la República oficializó la Ley N.º 32323, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor y amplía la prohibición de las llamadas y mensajes spam. La norma, que salió adelante tras una reconsideración del proyecto aprobado el año pasado, prohíbe el uso de call centers, sistemas de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos masivos con fines publicitarios, salvo que el consumidor haya otorgado un consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco.

“El derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo”, señala el texto legal.

El permiso otorgado por el usuario puede ser revocado en cualquier momento, sin necesidad de justificación, y su incumplimiento será considerado una infracción muy grave. La norma también encarga al Estado definir las reglas específicas para el uso adecuado de llamadas y mensajes a través de redes de telecomunicaciones. En ese marco, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días calendario para emitir una normativa adicional que precise estos lineamientos.

La directora de fiscalización del Indecopi, Milagros Pozo, explicó que la modificación a la normativa del consumidor eleva los requisitos para realizar llamadas promocionales y que el eje del cambio es que los consumidores deban acercarse presencialmente a autorizarlas, pues la prohibición sin ese consentimiento ya estaba establecida. “Ahora, los proveedores solo pueden llamar a consumidores que se hayan acercado voluntariamente, por propia iniciativa, a pedir que les llegue publicidad. El eje de esta modificación es que, antes, los consumidores no tenían que acercarse necesariamente, aplicaba la aceptación solo vía llamadas o mensajes”, declaró a Canal N.

La nueva ley deberá contemplar la asignación de una numeración telefónica especial a los proveedores, métodos de seguridad y validación para que los usuarios puedan identificar el spam, y mecanismos para verificar la autenticidad de la información transmitida. Pozo precisó que durante el 2024 se registraron más de 4,500 reclamos vinculados a llamadas no requeridas y que, a mayo, la cifra bordea los 2,100. Además, aclaró que estos reclamos no derivan en una sanción, sino que buscan dar solución “apuntalando las acciones de fiscalización”.

La funcionaria resaltó que algunas de las empresas sobre las que iniciaron procedimientos sancionadores para que regularicen sus políticas son Pacífico Seguros y Entel.

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