Un informe del dominical Panorama reveló que varios diputados y senadores de Juntos por el Perú (JP) acudieron en varias oportunidades, de noche, al penal de máxima seguridad de Barbadillo, en Ate, para visitar al expresidente Pedro Castillo.
Según el reportaje, los ingresos ocurrieron entre fines de julio y los primeros días de agosto, desde las 7:00 p.m. y en algunos casos hasta cerca de la medianoche. Los legisladores usaron sus credenciales parlamentarias y llegaron en vehículos particulares. Las imágenes difundidas por el dominical muestran, por ejemplo, que el miércoles 29 de julio, a las 7:11 p.m., ingresó el senador Iber Antenor Maraví Olarte; y 43 minutos después, a las 7:54 p.m., lo hizo el senador electo José Mercedes Castillo Terrones, hermano del exmandatario, quien llevaba bolsas con recipientes de comida. Ambos permanecieron varias horas: sus autos salieron recién a las 11:52 p.m.
El martes 4 de agosto, a las 9:07 p.m., se registró el ingreso de la diputada Jennifer Paredes, que estuvo en el interior más de dos horas. Al día siguiente, el movimiento fue mayor: José Mercedes Castillo entró a las 8:40 p.m.; 17 minutos después lo hizo Jennifer Paredes y, a las 9:25 p.m., ingresó la diputada Jessica Sadith Pérez Quispe. Los vehículos fueron retirados del establecimiento a las 11:51 p.m.
El jueves 6 de agosto, a las 8:40 p.m., se registró la salida de una camioneta vinculada al diputado Julián Luis Pérez Mallqui, quien a fines de julio había sido detenido por una presunta agresión física contra su expareja.
El reportaje de Panorama también registró el ingreso de vehículos privados y de personas vinculadas al entorno de los legisladores. En el caso de Jennifer Paredes, se informó que llegó al penal en un automóvil Audi conducido por Mauro González Caballero, quien se desempeña como su asesor en el Congreso. Ante estas visitas, el diputado de Renovación Popular, José Baella, pidió explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y cuestionó que algunas de las reuniones se hayan extendido hasta pasada la medianoche. “Acá hay responsabilidad, y la responsabilidad tiene que afrontar el INPE”, afirmó en declaraciones difundidas tras conocerse el reportaje.
Baella consideró que la inmunidad parlamentaria no exime a los legisladores de eventuales responsabilidades y sostuvo que, si corresponde, deben adoptarse las medidas respectivas. En esa línea, planteó que el INPE emita un informe para precisar bajo qué condiciones se permitieron los ingresos nocturnos y quiénes estuvieron a cargo de autorizar el acceso de los parlamentarios.
La norma vigente contempla el acceso de autoridades a los establecimientos penitenciarios en el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, modificado mediante el Decreto Supremo 022-2025-JUS. La disposición establece que los congresistas, así como otras autoridades, pueden ingresar a los penales en cualquier día y hora de la semana. No obstante, el mismo artículo precisa que este ingreso excepcional debe realizarse previa identificación y en el estricto ejercicio de sus funciones oficiales.
Desde Juntos por el Perú defendieron las visitas de sus parlamentarios al penal de Barbadillo. La diputada Svieta Fernández sostuvo que estos ingresos forman parte de las prerrogativas de los congresistas y descartó que se hayan realizado de manera clandestina.
La legisladora de Juntos por el Perú señaló, en declaraciones a RPP, que los ingresos al establecimiento penitenciario fueron registrados e identificados por las autoridades, por lo que no existiría impedimento para que los congresistas acudan en ejercicio de sus funciones. “Las visitas hacia el establecimiento han sido registradas, han sido identificadas, entonces no existe ningún tipo de impedimento para que los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones e investidura puedan ir al penal a visitar a Pedro Castillo”, declaró.
En paralelo, el programa Cuarto Poder difundió conversaciones atribuidas a la diputada Catherin Palomino, también de Juntos por el Perú, en las que presuntamente habría insultado y amenazado a familiares del exmandatario. Los mensajes, correspondientes a mayo y junio de 2026, fueron revisados directamente por el equipo del programa en los teléfonos de los denunciantes. Según el reportaje, Palomino utiliza calificativos ofensivos contra una familiar de Castillo. El caso involucra además a Jaime Vázquez Castillo, sobrino del expresidente y participante en la última campaña presidencial de la agrupación, quien sostuvo que recibió amenazas y cartas notariales tras cuestionar públicamente el manejo político de la legisladora durante la campaña. De acuerdo con el informe, Palomino le habría exigido S/300.000 por conceptos vinculados con lucro cesante y daños.
Consultada sobre las visitas que, según el reportaje de Panorama, se habrían extendido hasta la medianoche, Fernández dijo desconocer cuánto tiempo permanecieron sus colegas con el exmandatario y qué temas se abordaron en esos encuentros. No obstante, defendió el derecho de Castillo a mantener conversaciones de carácter político y sostuvo que se trata de un “preso político”.
“La prensa (...) no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear”, expresó Pedro Castillo poco después de que se difundieran las revelaciones sobre la legisladora Palomino. El exmandatario añadió que quienes lo visitan en Barbadillo “lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídico”.
La relación entre Palomino y Castillo tampoco sería reciente: según registros del penal de Barbadillo citados por el programa, la parlamentaria ingresó cerca de 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de este año.
Ante estas revelaciones, el diputado de Fuerza Popular Héctor Ventura consideró que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debería iniciar una investigación preliminar contra Palomino. En declaraciones a Canal N, Ventura sostuvo que corresponde esclarecer el contenido de las conversaciones difundidas y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de la legisladora. “Debería iniciarse una investigación preliminar”, afirmó. El parlamentario agregó que, si durante esa primera etapa aparecen elementos que ameriten una revisión más profunda, el caso debería continuar mediante una investigación formal en la Comisión de Ética.
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