La única excepción a la medida sería cuando los legisladores acrediten que su participación presencial resulta imprescindible, y para ello necesitarían la autorización de la Cámara que corresponda, ya sea de Senadores o de Representantes.
El senador del opositor Partido Colorado, Pedro Bordaberry, es el redactor de la iniciativa, que surge a raíz de "un uso creciente y excesivo de fondos públicos" detectado en los viajes oficiales. Según los informes elaborados sobre los viajes de la Cámara de Senadores entre el 15 de febrero de 2025 y junio de 2026 —los primeros diecisiete meses del actual período de gobierno—, solamente en esa Cámara se realizaron 73 viajes al exterior financiados con cargo al presupuesto del Poder Legislativo, lo que representó un gasto de 234.464 dólares.
El proyecto busca regular la participación de los legisladores uruguayos y de los funcionarios del Poder Legislativo en actividades y eventos fuera del territorio nacional "cuando su realización irrogue, total o parcialmente, un gasto con cargo al Presupuesto del Poder Legislativo o a fondos públicos". En su articulado, la propuesta define la prohibición de estos viajes y plantea como alternativa que los legisladores participen de estos eventos "por medio de videoconferencia o de cualquier otro mecanismo de participación a distancia".
Bordaberry recuerda además que existe una iniciativa del Gobierno de Yamandú Orsi, incluida en su proyecto de ley de Rendición de Cuentas que está en estudio en el Parlamento, "que limita y racionaliza los viajes al exterior de sus jerarcas y funcionarios".
La propuesta del senador colorado se da en un contexto de cuestionamiento a los gastos de los legisladores en el exterior, y busca fomentar la participación virtual como mecanismo alternativo para reducir el uso de fondos públicos en desplazamientos internacionales.
El senador reconoce que la iniciativa constituye "un reconocimiento expreso de que durante el primer año y medio de esta gestión se incurrió en excesos en esta materia". En ese sentido, sostiene que la propuesta "obliga a este Poder Legislativo a aplicarse a sí mismo el mismo estándar de austeridad que reclama a la Administración". De esta manera, el legislador admite que el proyecto implica, "en los hechos", un ajuste interno que el propio parlamento deberá cumplir.
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