Para el abogado Julio Rodríguez Delgado, la sesión que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) sostendrá este miércoles 12 de agosto para evaluar la suspensión temporal de la colegiatura de Gino Ríos es un caso “especialmente kafkiano”. En diálogo con Ampliación de Noticias, el defensor recordó que su representado presentó su renuncia al CAL en marzo de este año y que, desde entonces, ya no es miembro de esa institución.

“Para la perspectiva legal, esto es un caso especialmente kafkiano, porque una comisión de ética quiere valorar una sanción, eventualmente, a quien ya no es miembro de ese colegio profesional. Él renunció a ser miembro de ese colegio profesional”, expresó Rodríguez Delgado, quien además calificó como “anecdótico” que la institución haya rechazado la renuncia de Ríos.

El letrado también cuestionó que el CAL pretenda evaluar una sanción contra alguien que ya no le pertenece, y consideró que esa actitud “atenta incluso contra lo que dice la Constitución: libertad absoluta que tiene cualquier persona de asociarse libremente donde crea conveniente”. Según precisó, la renuncia de su defendido se presentó en marzo de este año.

Rodríguez Delgado explicó que, tras su salida del CAL, Ríos se afilió a otro colegio profesional para poder continuar ejerciendo como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Ya estaba colegiado en otro. No tengo la información precisa en cuál, recuerdo ser Lima Sur, si no me equivoco. Él ya es colegiado allí”, indicó el abogado.

De esta manera, la defensa de Gino Ríos dejó en evidencia que la eventual suspensión que evalúa el Consejo de Ética del CAL carecería de sustento, al sostener que su representado ya no pertenece a dicha institución desde hace varios meses.

En esa línea, el letrado insistió en que su patrocinado no puede ser evaluado por el Consejo de Ética del CAL por una decisión adoptada como consejero de la Junta Nacional de Justicia. “Estamos hablando de una persona que es aforada y, por lo tanto, al ser aforada, cualquier tipo de cuestionamiento a sus competencias como consejero solamente puede ser revisado sobre la base de la acusación constitucional. Ese es el marco legal, no puede ser revisado”, remarcó.

Rodríguez precisó que la eventual sanción contra Ríos solo procedería “si las competencias que se cuestionan se circunscriben exclusivamente al rol de abogado”. No obstante, en este caso, el procedimiento se originó por una actuación vinculada a su condición de “consejero”, al haber presuntamente dispuesto la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

“Si las competencias que se le cuestionan tienen que ver, como el caso de que esta junta pretende analizar, que es el rol como consejero de la Junta al haber supuestamente ordenado la reposición de Patricia Benavides, eso no es un acto propio de cualquier abogado; esas son las competencias que le tocan como miembro de la Junta. Y para eso está claramente el procedimiento de acusación constitucional. Una junta, por muy ética que sea y por mucho respeto que se merezca, no tiene las prerrogativas para poder valorar esos comportamientos, así de simple”, enfatizó.

De esta manera, el abogado Julio Rodríguez cuestionó que el Consejo de Ética evalúe el desempeño de Gino Ríos dentro de la JNJ, ya que el hecho materia de análisis corresponde a sus funciones como consejero y debería tramitarse mediante una acusación constitucional, no por una vía disciplinaria colegial.

JNJ señala que CAL El abogado de Gino Ríos también apuntó contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, al señalar que "ha expresado una amenaza velada" contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta declaración se suma a la postura de la JNJ, que ya había indicado que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) "carece de competencia" para suspender provisionalmente a cinco de sus integrantes. En tanto, el Pleno de la JNJ ratificó a Ríos como su presidente tras tramitarse un pedido de vacancia en su contra. La defensa del magistrado cuestiona la sesión del CAL orientada a suspenderlo provisionalmente, recordando que "él renunció a ser miembro de ese colegio". El caso sigue generando reacciones en el ámbito judicial, donde también se informó que Interpol comunicó al Poder Judicial que eliminó la orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón.

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