Para la presidenta Keiko Fujimori, la inseguridad ciudadana es el principal problema que aqueja a los peruanos y no los deja vivir en paz. Por eso, considera que ella debe asumir la dirección política de esta cruzada contra el hampa. En San Martín de Porres, unos delincuentes han baleado a dueños de pequeños negocios y tienen aterrorizada a la población, una situación que no puede continuar.

La criminalidad común se ha convertido en un enemigo que causa terror y amenaza las vidas y economías de los peruanos, al punto que miles de ciudadanos han cerrado sus negocios y emprendimientos forjados con arduo trabajo, e incluso han migrado al extranjero para no volver. Las extorsiones, los asesinatos de quienes no pagaron cupos, las trabajadoras sexuales esclavizadas por las mafias del ‘Tren de Aragua’ y las granadas lanzadas a locales públicos son el pan de cada día. Esto ya no puede tipificarse como simples ‘delitos comunes’: es ‘terrorismo urbano’ puro y duro, y como tal debe ser combatido por el Estado con un comando especial dedicado única y exclusivamente a desbaratar estas organizaciones, que investigue, infiltre y las destruya.

El Gobierno debe tomar el toro por las astas y promover más convenios con Estados Unidos, que puede ayudar con tecnología de punta para arrasar con los criminales. Asimismo, se debe conformar un equipo especial de inteligencia similar al Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que en la época de Sendero Luminoso enfrentó y derrotó al terrorismo.

La Policía no puede seguir recogiendo cadáveres que riegan los homicidas; debe estar un paso adelante. Tampoco es aceptable que los cabecillas venezolanos de ‘Los Hijos de Dios’, facción del ‘Tren de Aragua’, o los del ‘Tocorón’ sean detenidos y liberados por ‘falta de pruebas’.

La ola de inseguridad ciudadana exige que la Policía y la Fiscalía trabajen en conjunto las 24 horas, activando los ‘módulos de flagrancia’ que hace años se inauguraron con bombos y platillos en La Victoria o Lima Norte. Solo así se evitará que, después de 48 horas, suelten a asesinos porque la Fiscalía no coordinó o ‘no le pareció’ el informe policial. En esa demora, el fiscal, totalmente desligado del hecho criminal, en vez de preocuparse por que el malhechor se vaya preso preventivamente, pone trabas a la Policía y si se demoran unos segundos deja en libertad a peligrosos criminales. Como sucedió con la fiscal que liberó a los cómplices de ‘Maldito Cris’ y estos huyeron del país.

No puede ser que el Ministerio Público actúe como el doctor Jekyll y el señor Hyde: a los peligrosos delincuentes detenidos en flagrancia los libera, mientras que en otros casos menos peligrosos dictan prisiones preventivas como cancha. Los ‘módulos de flagrancia’, creados por alcaldes, Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, buscaban precisamente que los detenidos in fraganti sean procesados inmediatamente al ser capturados, evitando los encontronazos entre la Policía, que elabora la investigación del delito, y el fiscal. En este escenario de emergencia también juega el dinero sucio de la criminalidad que ‘aceita’ a malos fiscales y jueces, y el amedrentamiento de las mafias. Apago el televisor.

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