Un total de S/250.375,34, provenientes del Fondo Partidario Directo (FDP), habrían sido utilizados por Renovación Popular para financiar cinco servicios contratados en 2025, según detectó la ONPE. El organismo electoral señala que dichos servicios habrían tenido fines de proselitismo político de cara a las Elecciones Generales 2026.
El informe del ente electoral detalla que el partido registró gastos por concepto de investigación los días 16 de mayo, 18 de junio, 7 de julio y 15 de agosto de 2025, por un total de S/113.325,34. Sin embargo, al evaluar el requerimiento del servicio, las propuestas y demás documentación, se advirtió que estos estuvieron orientados principalmente al análisis de coyuntura electoral, percepción política y estrategia comunicacional en un contexto preelectoral.
De acuerdo con la ONPE, estos servicios no estarían alineados con el concepto original, que apuntaba a investigaciones sobre problemas nacionales de carácter socioeconómico. Además, no se acreditó que formaran parte de un proceso integral de investigación.
Otro de los cuestionamientos de la ONPE apunta al gasto de S/82.600 destinado a un instituto legal para asesoría en procesos electorales. En ese caso, se detectó que parte del servicio estaba orientado a la defensa legal en procedimientos administrativos sancionadores derivados de infracciones relacionadas con pintas de propaganda electoral en lugares no permitidos, así como a la asesoría legal en el marco de las elecciones primarias.
El informe de la ONPE también advierte que el partido de López Aliaga destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola. Esta observación se suma a la lista de gastos cuestionados por el organismo electoral.
Entre los desembolsos detectados figura el de S/33.700, registrado el 11 de diciembre de 2025, por concepto de “Asesoría Integral de Estrategia Política de Comunicaciones”. Según la ONPE, pese a la denominación del servicio, en realidad se trató de acciones de estrategia política de posicionamiento electoral y propaganda, y no de actividades vinculadas al funcionamiento ordinario de la organización política.
Asimismo, se identificó un gasto de S/20.000 por la “Producción de material audiovisual para las Elecciones Primarias”. El organismo electoral determinó que, lejos de ser actividades de capacitación, lo que se hizo fue proselitismo político. También figuran servicios orientados a la difusión de contenidos institucionales y audiovisuales vinculados al proceso de elecciones primarias, promoción partidaria y posicionamiento político, lo que habría fortalecido la presencia digital y promovido mensajes políticos a favor del partido.
Finalmente, se observó el gasto de S/750 para el servicio “Traducción e interpretación de spots para la franja electoral”, que para la ONPE es evidentemente la adecuación de material de propaganda política en el marco del proceso electoral. “Las actividades no se encuentran orientadas al fortalecimiento institucional ni a las necesidades operativas y administrativas ordinarias de la organización política”, se lee en el informe.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento. En el expediente consta que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025, con el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular". Sin embargo, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el ex candidato presidencial.
Renovación Popular no es el único caso. A inicios de mayo de este 2026, la ONPE sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT (S/198.000) y con la reducción al 50% de los fondos asignados al partido por destinar dinero del Financiamiento Público Directo (FDP) para actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Según la institución, la organización usó el financiamiento estatal en cuatro acciones que constituyen la conducta infractora, entre ellas gastos por capacitaciones y en intereses moratorios.
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