La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó el pedido del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para suspender durante seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes, al considerar que el gremio "carece de competencia" para sancionarlos por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones constitucionales. La controversia surgió a raíz de las decisiones de esos miembros sobre la reincorporación de Patricia Benavides y el pedido para que la Policía empleara la fuerza pública, hechos que evalúa el Consejo de Ética del CAL.
El organismo también cuestionó la base legal del procedimiento iniciado por el CAL. Según la JNJ, el Código de Ética utilizado para sustentar la sanción tendría una vigencia discutible, pues su propia norma establece que debía entrar en vigor tras ser publicada en el diario oficial El Peruano, algo que no habría sido acreditado. Además, los cinco integrantes cuestionados renunciaron al CAL debido al rumbo político que, según afirmaron, ha tomado la institución; sin embargo, el gremio no aceptó sus renuncias. Por ello, la JNJ considera que no puede ejercer potestad disciplinaria sobre personas que expresaron su voluntad de desafiliarse.
La postura de la JNJ se conoce en medio de la evaluación que realiza el Consejo de Ética del CAL sobre las faltas éticas atribuidas a los cinco miembros, un proceso que podría derivar en su suspensión. El caso está vinculado a las decisiones adoptadas por la Junta en torno a la exfiscal de la Nación y al uso de la fuerza pública solicitado a la Policía.
La medida cautelar contra Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval fue impulsada por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la denuncia se les atribuyen tres hechos ocurridos en julio del año pasado, entre ellos haber solicitado la restitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación cuando Delia Espinoza ocupaba ese cargo, y haber pedido al comandante general de la Policía Nacional que empleara la fuerza pública, una conducta que los denunciantes califican como propia de un gobierno de facto.
El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima analizará este miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m., la solicitud para suspender a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes son señalados por presuntas infracciones éticas cometidas durante el ejercicio de su profesión. El conflicto está relacionado con las decisiones de los miembros de la JNJ sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides.
Ante ello, la JNJ sostiene que una discrepancia con sus decisiones no puede convertirse en una sanción gremial ni utilizarse como instrumento de presión contra un organismo constitucional autónomo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el caso como paradigmático por la gravedad de los hechos, que incluso motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los denunciados, además, son cuestionados por un presunto incumplimiento de su deber de transparencia, lo que habría vulnerado disposiciones del Código de Ética relacionadas con el respeto a la ley, la probidad y la integridad profesional. La organización advirtió que este tipo de actuaciones afectan la confianza ciudadana en la profesión legal y la defensa del sistema democrático.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta