La diputada por Arequipa Marleny Arminta Valencia presentó un proyecto de ley que plantea devolverle autonomía al proceso de extinción de dominio y ampliar de cinco a 10 años el plazo de prescripción de esta acción, con el objetivo de que el Estado recupere bienes vinculados con actividades ilícitas sin depender de otros procesos judiciales.

La iniciativa busca modificar el Decreto Legislativo N.° 1373, que regula este mecanismo, y dejar sin efecto los cambios aprobados por el Congreso anterior que, según la parlamentaria, debilitaron la herramienta contra las organizaciones criminales. Valencia califica esas modificaciones como parte de las denominadas “leyes procrimen”, una expresión usada por sectores políticos y organizaciones para cuestionar normas que consideran que restan capacidad de acción frente al crimen organizado.

Uno de los ejes centrales del proyecto es restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio, de modo que la recuperación de un bien no quede necesariamente condicionada a la conclusión de otro proceso judicial. La extinción de dominio permite al Estado actuar sobre inmuebles, vehículos, dinero y otros activos relacionados con actividades ilícitas, bajo las condiciones que fija la legislación.

Valencia sostiene que las modificaciones aprobadas anteriormente limitaron la capacidad del Estado para recuperar estos bienes de manera independiente. Con esta propuesta, la congresista busca revertir ese escenario y fortalecer los mecanismos legales para que el Estado pueda actuar con mayor eficacia contra el crimen organizado.

La iniciativa contempla, además, mecanismos para proteger a quienes adquirieron legítimamente un bien que luego sea incorporado a un proceso de extinción de dominio. La propuesta busca garantizar el debido proceso y el derecho de propiedad de los terceros de buena fe, diferenciándolos de aquellos que pudieran estar vinculados con el origen ilícito de los activos. Así, se pretende establecer garantías para quienes puedan acreditar que compraron un bien sin conocimiento de una eventual relación previa con actividades ilegales.

Otro punto del proyecto es restablecer las subastas anticipadas de determinados bienes administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Este mecanismo podría aplicarse especialmente cuando exista riesgo de deterioro de los bienes o cuando mantenerlos bajo administración represente costos elevados para el Estado, con el fin de evitar que los activos pierdan valor mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

El cambio legal busca otorgar al Estado un periodo mayor para actuar sobre patrimonios presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Según la propuesta, un plazo más amplio dificultaría que las organizaciones criminales utilicen el paso del tiempo para ocultar, transferir o intentar dar apariencia de legalidad a bienes de procedencia ilícita.

La iniciativa contempla, además, restablecer las subastas anticipadas de bienes administrados por el PRONABI, específicamente cuando exista riesgo de deterioro o cuando su conservación genere costos elevados para el Estado. Con ello se busca retrotraer una de las llamadas leyes procrimen y devolver vigencia a una herramienta esencial para combatir a las organizaciones criminales: arrebatarles sus activos y golpear directamente su patrimonio.

La propuesta también incorpora mecanismos de protección para quienes hayan adquirido legítimamente un bien que luego sea sometido a un proceso de extinción de dominio, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de propiedad. Valencia insiste en que la lucha contra el crimen organizado no debe limitarse a detener y procesar a sus integrantes, sino también impedir que conserven los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Bajo esa premisa, el proyecto busca fortalecer las herramientas que permiten actuar sobre inmuebles, vehículos, dinero y otros activos vinculados con organizaciones criminales. La parlamentaria remarca que combatir al crimen organizado no debe limitarse a detener a sus integrantes, sino que también debe impedir que mantengan los bienes y recursos utilizados para financiar sus operaciones ilícitas.

La iniciativa deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente antes de una eventual aprobación y entrada en vigencia.

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