Un total de 15 presuntos integrantes de la organización criminal ‘La red del silencio’ cumplirán 36 meses de prisión preventiva, según resolvió el Poder Judicial en el marco de las pesquisas por el cobro de cupos a las empresas de transporte TransLima S.A., Holding Real Express S.A. y otras compañías que operan en los distritos del Callao y Lima Norte.

La medida fue anunciada por el Ministerio Público, que precisó que los afectados son Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles, José Tablante, Maribel Ushinahu, Carlos Montes, José Angarita, Franyer Márquez, Teresa García, Víctor Serrano, Roberto Justo, Miguel Cabezas, Marco Tarrillo y Katerin Quezada, investigados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada. En tanto, Auriani Díaz y César Quezada recibieron detención domiciliaria y reglas de conducta por tres años.

Los implicados fueron detenidos en un megaoperativo ejecutado el 23 y 24 de junio de 2026 de manera simultánea en Lima, Callao y Chimbote (Áncash). La diligencia estuvo liderada por la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez, con el apoyo de los fiscales adjuntos Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado, así como de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la Policía Nacional del Perú.

Según la hipótesis fiscal, los delincuentes exigían pagos diarios que iban desde S/ 10 hasta S/ 40 por unidad vehicular, aunque en algunos casos el monto llegaba a los S/ 70 diarios. Para concretar las extorsiones, los procesados usaban grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales desde donde enviaban mensajes amenazantes a los transportistas.

Esta medida aplicará por 36 meses contra los investigados. La resolución se dio tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, que sustentó el peligro procesal y la gravedad de los cargos. Los investigados, quienes habrían integrado una organización dedicada a exigir pagos ilegales a conductores, permanecerán detenidos mientras continúa la investigación en su contra. La medida fue dispuesta por el juzgado correspondiente, que consideró válidos los argumentos fiscales sobre la existencia de una red delictiva que operaba en diversas rutas del país. Durante la audiencia, la defensa de los imputados solicitó comparendos restringidos o vigilancia electrónica, opciones que fueron rechazadas por el magistrado. Con esta decisión, se busca garantizar que los procesados no interfieran con las diligencias ni representen un riesgo para la sociedad. El caso sigue en etapa de investigación preparatoria, y el plazo de 36 meses permitirá a la Fiscalía completar las pericias y recabar mayores evidencias antes de formular la acusación correspondiente. Los implicados podrán apelar el fallo ante una instancia superior, según informaron fuentes judiciales.

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