Un reciente informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), actualizado este año, advierte que el 76% de la población de Lima y Callao se encuentra en nivel de riesgo "muy alto" frente a un eventual terremoto. Esto equivale a 7.07 millones de personas, mientras que el 23% (2.1 millones) está en riesgo "alto" y el 1% restante en riesgo "medio".
El documento, titulado "Escenario de riesgo por sismos y tsunami en Lima y Callao", detalla que en el Callao los distritos con mayor población en riesgo "muy alto" son Callao y Ventanilla. En Lima Metropolitana, la lista la encabezan San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Lima, La Victoria, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
La alerta surge en un contexto donde el país ya ha sentido los embates de la naturaleza. Un sismo de magnitud 5.1 en Junín, que afectó principalmente a Pumpunya, dejó fallecidos y damnificados. Sin embargo, los especialistas advierten que el Perú podría enfrentar un episodio de intensidad incluso mayor al de ese movimiento telúrico.
Estudios de instituciones científicas señalan que la mayor fuente de sismicidad en el país se genera a lo largo del borde occidental, debido a que la placa de Nazca subduce por debajo de la placa Sudamericana frente a la línea litoral. Una investigación de 2011 identificó cuatro zonas de acumulación sísmica que se extienden por 350 kilómetros paralelos a la costa.
"Esta área estaría acumulando deformación desde el año 1746, fecha en que ocurrió, quizás, el sismo de mayor magnitud en el territorio peruano", recogió el Cenepred en su informe, citando aquel estudio.
La capacidad de reacción financiera del Estado ante un terremoto se sostiene en, al menos, tres líneas de respuesta rápida, según coincidieron Luis Miguel Castilla, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP). “Más que solo una medida hay una estrategia financiera estructurada para estas ocasiones”, describió Castilla.
Una de esas vías son las líneas de créditos contingentes suscritas con organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “De alguna manera es un dinero separado para estas ocasiones y se activa su uso con la declaratoria de catástrofe”, mencionó Casas. El monto contemplado por este canal ascendería a unos US$ 2,500 millones. “Puede que se quede corto el monto en algunos casos, pero es lo que ya se tiene a la mano antes de salir al mercado por endeudamiento”, subrayó el investigador.
Otra línea la constituyen los recursos de la reserva de contingencia del MEF. Para este año, la ley de presupuesto público aprobada fijó un monto inicial de aproximadamente S/ 4,061 millones. Casas precisó que este fondo opera con la regla de mantener un mínimo equivalente al 1% de los recursos ordinarios, lo que representa alrededor de S/ 1,500 millones (poco menos de US$ 500 millones).
La ocasión obliga a dar una mirada sobre la capacidad de respuesta del Gobierno en diferentes sentidos, como el financiero, a fin de reaccionar oportunamente ante un desastre natural frecuentemente advertido.
La situación financiera del país frente a un eventual desastre pudo ser mucho mejor, coincidieron los especialistas. “Por la pandemia, los ahorros del país se gastaron y, desde entonces, se han ido reponiendo, pero no a la velocidad que se debió”, comentó Castilla. En esa línea, Casas atribuyó buena parte del actual nivel de ahorros a la actuación del Congreso de la República y a la promulgación de una serie de leyes sin estudios de fondo ni fuente de financiamiento identificado.
Entre las fuentes de financiamiento disponibles, la reserva de contingencia es la primera. Su monto suele ser variable y discrecional, apuntó Casas. Al inicio de este mes, por ejemplo, el MEF autorizó que se transfieran más de S/2,500 millones a su favor. “Dentro de la reserva, hay montos consignados para atenciones inmediatas, realizar fichas de emergencia, girar recursos al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre otros procedimientos rápidos”, anotó Castilla.
En tercer lugar aparece el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). Según el balance del fondo realizado por el MEF al cierre del 2025, la cifra asciende a los US$ 3,213.94 millones (casi 1% del PBI). Sin embargo, en momentos de no deterioro de las finanzas públicas, la cifra logró ser equivalente a entre el 2% y 3% del PBI. “El monto que tendríamos a disposición, a la mano, con estas tres fuentes serían alrededor de US$ 6,000 millones”, comentó Casas.
Una cuarta alternativa de financiamiento es el seguro catastrófico contratado en el marco de la Alianza del Pacífico, del cual es parte Perú, añadió Castilla.
Problema de fondo
Para Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, el Perú tiene una posición sólida para acceder a liquidez, pero el problema está en la gestión eficiente de los recursos, aun más en contextos de emergencias. En esa línea, sostuvo que “el Perú puede endeudarse por varios dígitos, pero hay un severo problema de gestión, de organización, ante emergencias. Las fuerzas armadas han venido elevando su preparación para estos casos, pero aún es insuficiente”.
Por su parte, Castilla señaló que el país no tendría inconvenientes para obtener financiamiento ante un sismo de gran magnitud: “El país obtendría los recursos rápido. No tendría que hacer muchos trámites para estos primeros montos. Luego, si se requiere, se emite endeudamiento. Aunque se aumentaría el gasto del Estado, hay cobertura para el financiamiento”.
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