Trata de personas: más de 7.400 casos en tres años, pero el Congreso lo ignora en sus agendas

Entre enero de 2023 y abril de 2026, el Ministerio Público registró 7.429 casos de trata de personas, lo que equivale a unos 2.200 por año y 186 cada mes. En promedio, seis peruanos son afectados por este delito al día. Sin embargo, la mayoría de los partidos con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados apenas menciona este perverso delito en sus agendas políticas, mientras la lucha contra la trata enfrenta una crisis presupuestal y dificultades para atender a las víctimas.

Detrás de estas cifras hay adolescentes captadas para explotación sexual, mujeres engañadas con falsas ofertas de trabajo y personas sometidas a distintas formas de explotación. La explotación sexual es la principal finalidad de este delito: representa el 54,8% de los casos identificados en los últimos diez años.

El problema afecta principalmente a mujeres. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el 86,3% de las víctimas registradas en la última década fueron mujeres. El 51,5% tenía entre 18 y 29 años y el 30,4% contaba entre 12 y 17 años. Lima, Piura y Madre de Dios aparecen entre las regiones con mayor cantidad de denuncias.

UN DELITO SUBESTIMADO

A pesar de las más de 2 mil denuncias anuales, el tema brilla por su ausencia en las agendas de las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria. Mientras que Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, ni siquiera menciona la trata o la explotación sexual en sus propuestas, la bancada oficialista Fuerza Popular la aborda solo como un frente más dentro de la lucha contra el crimen organizado, apostando por la inteligencia, el análisis de datos y la vigilancia de las redes criminales.

Sin embargo, el partido mayoritario en el Congreso no detalla acciones para prevenir la captación de víctimas, mejorar la atención especializada o asegurar su reintegración. En el extremo opuesto, Juntos por la izquierda, la agrupación Juntos por el Perú plantea las medidas más concretas: fortalecer las fiscalías especializadas, crear equipos de investigación para delitos como la trata, ampliar los turnos de atención y reforzar la defensa pública y los juzgados especializados. También sugiere incrementar la inversión para prevenir la violencia sexual y robustecer la educación sexual integral en zonas rurales, aunque sus iniciativas aparecen dispersas y sin una estrategia integral que conecte prevención, persecución, atención y reintegración.

Por su parte, Buen Gobierno y Ahora Nación sí incluyen planteamientos sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, la prevención de la violencia sexual y la educación sexual integral, pero ninguno llega a configurar una política pública específica sobre la materia.

La ausencia de propuestas concretas sobre trata de personas en el Congreso resulta relevante para Rossina Guerrero, directora de Promsex, porque el delito no se resuelve únicamente aumentando las penas. “La trata necesita poner a las víctimas en el centro de las propuestas de solución. Una respuesta únicamente de fuerza o de mano dura no aborda las condiciones que permiten la captación y explotación”, señala. El grupo Obras, en tanto, solo manifiesta un rechazo general a este delito en su declaración de principios.

El problema, sin embargo, no comienza con el nuevo Parlamento. El medio independiente Contracorriente reveló que el Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030. Ese documento fija tres objetivos: prevenir el delito, perseguir y sancionar a los responsables y garantizar la reintegración de las víctimas, para lo cual contempla 42 servicios públicos que deben ser habilitados por distintas entidades.

Rossina Guerrero, directora de Promsex, advierte que la trata de personas requiere políticas de prevención, atención y reintegración con presupuesto.

UNA POLÍTICA SIN PRESUPUESTO

La brecha entre lo planificado y lo ejecutado es enorme. Un estudio encargado por CHS Alternativo calculó que la adecuada aplicación de la política nacional exigiría más de S/ 1.159 millones, pero en los últimos años se estima que solo pudo haberse destinado alrededor del 1% de ese monto. El presupuesto dirigido a combatir el delito equivale a apenas 17 céntimos por persona. Peor aún: siete de los 42 servicios contemplados por la política nacional ni siquiera cuentan con metas presupuestales y, por tanto, no pueden recibir financiamiento.

Para Rossina Guerrero, el problema no pasa solo por cuánto dinero se asigna, sino por lo que las instituciones hacen con las responsabilidades que asumieron. "Los sectores no consideran o no se consideran parte. Está su nombre, firman la política, pero luego no viabilizan la implementación", sostiene la especialista, quien cree que el nuevo Congreso debería garantizar presupuesto para prevención, atención y reintegración, además de fiscalizar el cumplimiento de la política nacional.

"La trata va a cambiar a través de la política pública, no del endurecimiento de penas, sino de que la política de prevención, la política de atención y la política de reintegración tengan presupuesto, se implementen y tengan estándares", afirma Guerrero.

Senadores y diputados ya tienen las cifras, cuentan con una política nacional y servicios que deben funcionar. Lo que todavía no aparece es una estrategia política acorde con la dimensión del problema.

Leer artículo completo en larepublica.pe →