El tribunal penal número 4 de Damasco condenó en rebeldía este martes a pena de muerte al exdictador sirio Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024 y actualmente exiliado en Moscú. Este es el primer fallo público contra el líder que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.
El juez Fakhr al Din al Uryan leyó la sentencia que también castiga con la pena capital a otras ocho personas vinculadas al régimen, entre ellas Maher al Asad, hermano del exmandatario, y su primo Atef Najib, único acusado presente en la sesión. Najib fue jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa, ciudad del sur de Siria donde en 2011 comenzaron las revueltas populares que derivaron en una guerra de 14 años en el país.
“La contribución del criminal Bashar al Assad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos”, declaró el magistrado durante la lectura del fallo. El tribunal determinó que el exmandatario, refugiado en Rusia, es culpable del “delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad”.
La audiencia contra Atef Najib sirvió de marco para este pronunciamiento judicial. El tribunal consideró que Assad, como máximo responsable de la toma de decisiones, movilizó a las instituciones estatales para cometer estos delitos, que incluyen asesinato premeditado e intencional, tortura y detención arbitraria. El exdictador, que permanece exiliado en Rusia desde su derrocamiento, enfrenta ahora esta condena en rebeldía junto a los otros ocho sentenciados.
El tribunal también dictaminó la pena capital contra otros seis prófugos vinculados al régimen, todos en rebeldía, por el delito de "asesinato premeditado e intencional y tortura con resultado de muerte". En total, la condena a muerte alcanzó a diez personas, entre ellas Bashar al Assad, su hermano Maher y Atef Najib, quien fuera jefe de la rama de seguridad política en Deraa.
Fue precisamente a Najib a quien se le atribuye el inicio del levantamiento popular en Siria, tras ordenar la detención y tortura de niños que pintaron grafitis antigubernamentales en la pared de una escuela. El juez señaló que estos actos, "según las investigaciones y los testimonios de los testigos, constituyen crímenes de lesa humanidad".
En marzo de 2011, la mezquita Omari se convirtió en el principal punto de encuentro y el corazón simbólico de las primeras protestas antigubernamentales que desencadenaron el levantamiento nacional sirio. Las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en el recinto en varias ocasiones, donde mataron a decenas de manifestantes. "Las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa", declaró el juez Al Uryan, quien añadió que la rama que Najib dirigía, "junto con otras ramas de seguridad, asaltó la mezquita Omari en Deraa".
Tras el inicio de las protestas, Najib fue reasignado a Idlib, en el norte de Siria; luego, desde mediados de 2011, se mantuvo escondido y ese mismo año fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Fue capturado en una redada de seguridad en Latakia el 31 de enero de 2025.
A la audiencia asistieron el Fiscal General Hasan al Turbeh; el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, y otros miembros de la comisión, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales, y familiares de las víctimas.
El proceso judicial, que comenzó el 26 de abril en Damasco, es el primer procesamiento público de un ex alto funcionario de seguridad por la represión de 2011 y el primero del periodo de justicia transicional en Siria. Hasta el momento, se han celebrado nueve audiencias en el marco de este juicio.
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