La bancada de Ahora Nación presentó ante la Mesa Directiva una moción de orden del día que propone la creación de una Comisión Investigadora con un plazo de 90 días hábiles para analizar los hechos, determinar las responsabilidades políticas y, de ser el caso, formular las denuncias correspondientes.
El documento busca esclarecer las afectaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2026, periodo que abarca los mandatos presidenciales de Dina Boluarte y José Jerí Oré. La iniciativa incluye los nombres de peruanos que fueron asesinados en las manifestaciones registradas en regiones como Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco y otras zonas del país.
La moción también apunta a evaluar las posibles responsabilidades de autoridades y fuerzas del orden durante estas movilizaciones, tal como se detalla en el texto presentado.
La moción presentada por Ahora Nación lleva las firmas de los diputados de esa bancada y plantea que “resulta de justicia y de especial interés nacional realizar las indagaciones necesarias a fin de determinar las posibles responsabilidades de autoridades, agentes del orden y otros, por las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida, la integridad física y el derecho a la protesta, ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022, durante las gestiones de Dina Boluarte y José Jerí Oré”.
El escrito pone especial énfasis en el asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, ocurrido durante las manifestaciones contra el gobierno de José Jerí, y cuestiona el uso ilegítimo de la fuerza por parte del Estado. Según las cifras oficiales detalladas en el documento, las movilizaciones contra la gestión de Dina Boluarte dejaron 49 civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden y otros 11 fallecidos por hechos vinculados al bloqueo de carreteras. A esas víctimas se suman siete integrantes de las fuerzas del orden —un policía y seis militares— que perdieron la vida en el contexto del conflicto social.
Con estos números, la iniciativa busca que se investiguen las posibles responsabilidades de autoridades y agentes del orden por las muertes registradas en las protestas ocurridas entre 2022 y 2026.
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