La medianoche del viernes quedará marcada como la primera medida internacional acertada del flamante gobierno de Keiko Fujimori: la entrega del salvoconducto para que Betssy Chávez pudiera salir del país. Aunque la decisión no resulte popular, era el mal menor: no le quedaba otra alternativa al Ejecutivo, pues el asilo ya lo había concedido México, aliado ideológico de la expremier, y a Perú solo le tocaba extender el documento para su partida. Así son las leyes internacionales, aunque no nos guste.

La situación, por lo demás, era insostenible. Desde noviembre del año pasado, cuando la política ingresó al local de esa sede diplomática, las relaciones bilaterales entre ambas naciones quedaron congeladas y los embajadores respectivos fueron retirados. Los sectores de producción y turismo de los dos países eran los más afectados: todos los trámites vinculados a esos rubros debían hacerse a través de la embajada de Brasil, que se ofreció como intermediario. ¿Valía la pena continuar en ese escenario? La respuesta es obvia: no tenía sentido.

Más aún tratándose de una persona que no había tenido ninguna relevancia en su trayectoria profesional y política hasta que Pedro Castillo la designó ministra de Trabajo y luego jefa de su Gabinete. En ese momento, como suele ocurrir con muchas personas que nunca fueron nada, el poder la obnubiló. Chávez se volvió una endemoniada defensora del entonces mandatario: lo acompañaba al interior del país donde, en encendidas presentaciones, ambos azuzaban el odio entre la gente de ‘élite’ y el ‘pueblo’, al estilo de los seguidores de Sendero Luminoso. Aquellas imágenes y discursos son imborrables.

Cuando era congresista, Chávez se presentaba como una política ‘suavecita’ y dócil, pero todo cambió, hasta su look estético, cuando llegó a la cúspide del poder: pechaba y agredía verbalmente a todo aquel que criticaba a Pedro Castillo.

El 7 de diciembre del año 2022, cuando se intentó quebrar el orden constitucional, Betssy Chávez tuvo un papel protagónico y activo junto a Pedro Castillo en el frustrado golpe de Estado. Tras el fracaso de esa acción, y con la astucia que la caracteriza, emprendió su fuga hacia la embajada de México. Durante el trayecto, le avisaron que Castillo, quien también huía a esa sede diplomática, había sido detenido. Con una sangre fría a prueba de balas, pidió a sus agentes de seguridad que la llevaran al Congreso, el mismo que ella y Castillo habían pretendido cerrar. Llegó oronda y empezó a despachar desde su oficina como si nada hubiera pasado.

Los periodistas no se salvaban de su furia. También le llegó el amor: se enamoró perdidamente de un joven, a quien benefició con puestos laborales para sus familiares con jugosos sueldos.

Las pruebas en su contra fueron contundentes. En noviembre del año pasado, una sala de la Corte Suprema de Justicia la condenó a once años de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión. Betssy Chávez no es ninguna perseguida política: es una condenada cuya pena sigue vigente en nuestro país. Nos vemos el otro martes.

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