La primera medida del gobierno de Keiko Fujimori para combatir la inseguridad en el sector transporte ya genera cuestionamientos. El último sábado, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció la activación del Plan Escudo para contrarrestar los ataques extorsivos contra choferes. La implementación se oficializó desde Villa María del Triunfo, donde la noche anterior se registró un atentado a balazos contra el patio de maniobras de la empresa Etupsa 73.
Sin embargo, dirigentes del sector afirmaron a La República que la iniciativa no fue coordinada con sus gremios. “Más parece una foto para las cámaras”, expresaron. Astudillo precisó que el plan considera un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para brindar protección a los transportistas, pero los representantes del gremio advirtieron que su implementación podría ser insuficiente sin una estrategia clara de inteligencia.
El sábado 8 de agosto, el titular del Mininter informó que el Plan Escudo contemplaría dos acciones concretas: la presencia de policías y militares en el patio de maniobras de las empresas de transporte y acciones de inteligencia permanente. “Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo (…) Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. (…) A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente”, indicó.
Este anuncio fue observado por Martín Ojeda, gerente general de la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (Cotrap-Apoip) por ser aparentemente insuficiente. “No en todos los patios de maniobras están los militares. Además, los atentados no solo ocurren ahí, también se da en las áreas de circulación vehicular”, indicó.
Dirigentes afirman que no fueron convocados para discutir la elaboración del plan y advierten que su implementación podría ser insuficiente para combatir la inseguridad en el sector si no se cuenta con una estrategia clara de inteligencia.
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, también cuestionó la medida y puso el foco en el uso de la tecnología. “La Marina tiene drones de alta tecnología que podrían servir para intervenir en capturas, pero si solo van a sacar a las Fuerzas Armadas para estar parados en los paraderos o sitios de intersección solo es una foto para las cámaras”, señaló. La crítica surge en medio del anuncio del Mininter, que dos días después, el 10 de agosto, precisó en una nota de prensa que el plan también incluiría el acompañamiento policial a unidades de transporte desde el inicio de sus recorridos. Las empresas resguardadas serán Vipusa, Nuevo Perú, El Cóndor, Roluesa, Etuchisa, Santa Catalina, Línea 73, Translima, Huascar/Aquarius, Etcimosa, ETUSA y Nueva América, entre otras. Las acciones se desarrollan en diversos sectores de Lima Metropolitana, como Puente Nuevo, Puente Tres Ruedas, Puente Atocongo, Pamplona, Primera de Pro, Puente Piedra, Vía de Evitamiento, Panamericana Norte y otros. No obstante, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), consideró que el acompañamiento de uniformados sirve en términos disuasivos, pero es insuficiente por sí solo. “Desde hace medio año, los policías cuidan los terminales y suben a las unidades de algunas empresas, pero eso no elimina la extorsión ni anula el sicariato”, afirmó. El dirigente insistió en que esta acción debe ir acompañada de una planificación a mediano y largo plazo para capturar a los cabecillas de las bandas criminales detrás de las extorsiones. “Se necesita una efectiva labor de inteligencia para atrapar a los delincuentes. La medida disuasiva es buena, pero eso no va a desbaratar las mafias”, agregó. El cambio sobre la marcha de las acciones para combatir la inseguridad en el transporte no sería un hecho casual. Ojeda denunció la falta de coordinación que habría con los gremios para la implementación del Plan Escudo.“Estamos muy fastidiados porque todo está desarticulado. No nos han pedido opinión en absoluto. No hay estrategia y parece que fuera al champazo, solo para un tema mediático y tampoco es así”, señaló el vocero. La molestia del sector crece porque, pese a que han solicitado reuniones con el ministro de Transportes, Rafael Rey, y con la presidenta Fujimori, hasta ahora no reciben respuesta. “En 45 días, registramos 17 ataques y algunas empresas siguen siendo extorsionadas a nivel de cono norte”, detalló el dirigente, quien remarcó que el transporte interprovincial que representa no es ajeno a los atentados extorsivos.
La falta de convocatoria también fue cuestionada por Campos, quien aseguró que no fueron invitados por el gobierno para discutir el tema. “No nos han invitado a coordinar, nos gustaría participar y decir las cosas como son. Estamos cansados de fotos e improvisaciones”, apuntó el vocero de la organización que agrupa a 35 empresas del norte chico, Lima Metropolitana y otras zonas del país. En la misma línea, Vargas confirmó que el Ejecutivo tampoco convocó a la CTU, que agrupa a más de 70 empresas de Lima y Callao, ni a la Unión de Gremios, organización que reúne a los 12 gremios de transporte en estas jurisdicciones.
Pedidos claros
“Creemos que se debe trabajar de manera conjunta, y eso es lo que estamos pidiendo a las autoridades: escúchenos porque sé que se podrían tomar mejores decisiones”, apuntó Vargas, quien incidió en la tarea clave de inteligencia y la articulación de las instituciones competentes. “Se necesita un trabajo continuo entre fuerzas policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir y sancionar a cabecillas de las mafias”, expresó.
La principal demanda de los transportistas es ser escuchados por el gobierno. En una eventual reunión, Ojeda considera que se debería evaluar la garantía de seguridad real que ofrece el Plan Escudo, la coordinación efectiva entre las áreas de investigación de militares y policías, y la ubicación estratégica de personal del Ejército para aprovechar su capacidad disuasiva y prevenir posibles ataques. “Nosotros no queremos improvisaciones, queremos estrategia para combatir la inseguridad”, dijo Campos, quien además resaltó la importancia de apostar por la inteligencia combinada de la PNP y las Fuerzas Armadas, y añadió que se debería ser cuidadoso en el despliegue correcto del personal militar para evitar posibles excesos durante sus funciones.
El último viernes, delincuentes atacaron a balazos el patio de maniobras de la empresa de transporte público Etupsa 73, línea A, en Villa María del Triunfo. El atentado no dejó heridos ni víctimas mortales, pero los choferes suspendieron sus operaciones temporalmente por temor a nuevos ataques. Un día después, el sábado 8 de agosto, una combi informal que cubre la ruta Cercado de Lima - Callao fue interceptada a disparos a la altura de la cuadra 11 de la avenida Colonial. Los delincuentes aprovecharon que la unidad se detuvo por un desperfecto mecánico para cometer el ilícito. El chofer resultó herido, pero logró sobrevivir tras ser trasladado al hospital Arzobispo Loayza. Una conductora de la misma ruta, atacada el 20 de julio, no corrió la misma suerte y falleció tras un atentado similar.
Según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y julio de 2026, se han registrado 240 atentados con víctimas contra el transporte público. Los actos criminales dejaron 162 personas fallecidas y 158 heridas en Lima Metropolitana y el Callao. Los ataques tras la publicación de ese informe no se han detenido y coinciden ahora con la activación del Plan Escudo.
A estos ataques se suman el asesinato a balazos de Eugenio Odilón Benites Tacanga (69), gerente de la empresa de transporte Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 5 de agosto en Los Olivos, y un atentado con explosivos contra un bus de la empresa Translima en San Martín de Porres, reportado el 6 de agosto, que también llevó a la compañía a paralizar sus servicios. El crimen sigue avanzando y las respuestas aún no parecen ser suficientes.
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