Un escándalo político envuelve a la diputada Catherin Palomino Casavilca, abogada egresada de la Universidad Alas Peruanas que llegó al Congreso en las Elecciones Generales de 2026 por la región Huancavelica con más de 13.000 votos, representando a la alianza Juntos por el Perú. La parlamentaria fue vinculada al expresidente Pedro Castillo luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera chats de WhatsApp que se le atribuyen, dirigidos contra familiares del exmandatario.
Según los mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, Palomino habría insultado a una pariente directa de Castillo y exigido una indemnización de 300.000 soles a un sobrino del exmandatario por presuntas injurias. En uno de los diálogos también se afirma que la legisladora sostendría una relación sentimental con Castillo.
Ante esta situación, la congresista había solicitado recientemente la derogación de las leyes procrimen. A raíz de los chats atribuidos, donde se leen ataques hacia un familiar del expresidente, otros parlamentarios han pedido que su caso sea derivado a la Comisión de Ética.
La defensa de Castillo ha reaccionado a las revelaciones. En declaraciones difundidas este lunes, el expresidente señaló: "Pretenden manchar mi honor". Mientras tanto, la diputada Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a los familiares del exmandatario tras insultarlos por WhatsApp, según la información revelada.
La ceremonia de instalación del nuevo Congreso bicameral, el 24 de julio de 2026, fue el escenario donde Catherin Palomino juró al cargo pidiendo la libertad de Pedro Castillo, a quien calificó como el mejor presidente del Perú. Antes de llegar al Parlamento, la diputada de Juntos por el Perú ya había construido su capital político: desde julio de 2024 estuvo afiliada a Todo con el Pueblo, la organización vinculada al expresidente y a su familia.
Las denuncias en su contra surgieron en paralelo a sus primeras iniciativas legislativas. La parlamentaria presentó un proyecto de ley que solicita la derogación del paquete normativo conocido como leyes procrimen. Ante la denuncia periodística, varios colegas pidieron que el caso sea revisado por la recién instalada Comisión de Ética del Congreso. El abogado Alejandro Rospigliosi, consultado por el programa dominical, señaló que, de confirmarse, los mensajes constituirían un abuso de poder y una infracción al Código de Ética parlamentario.
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