La comunidad campesina de Quipán, en Canta, desestimó por unanimidad la oferta de conciliación que les presentó el empresario Aniceto Argüelles Loayza, fundador de Industrias Argüelles y Servicios Generales, empresa dedicada al recojo y disposición de desperdicios en varios distritos de Lima Metropolitana. Los asistentes a la asamblea ni siquiera aceptaron escuchar la propuesta: no había nada que negociar.
Argüelles había enviado una solicitud de conciliación a la comunidad con la esperanza de que se le permitiera sustentar su oferta extrajudicial ante los campesinos. Sin embargo, estos lo acusan de haberse apropiado fraudulentamente de su predio para construir un relleno sanitario.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando Karen Pasco Flores, gerenta de la empresa de Argüelles, en complicidad con Abel Mosquera Ortíz, entonces presidente de la comunidad, organizó la compra fraudulenta de 10.000 hectáreas por S/600.000. Los comuneros sostienen que el valor real del terreno asciende a S/10.000.000, por lo que consideran que la operación fue un despojo.
El crimen de Santiago Guardamino Gonzáles ocurrió el primero de abril de 2024, cuando un sicario lo interceptó en Carabayllo mientras regresaba a su casa tras una asamblea comunal en Quipán. En esa reunión, el entonces presidente de la comunidad había reportado justamente los avances para recuperar el terreno que Industrias Argüelles les arrebató. Su familia y los campesinos de Quipán señalan a Aniceto Argüelles como sospechoso del asesinato, pese a que el empresario niega cualquier vínculo con el crimen. La fiscalía que lleva el caso también coincide con esa hipótesis.
El conflicto se remonta a años atrás. Karen Pasco y Abel Mosquera fraguaron las actas de una asamblea que, falsamente, autorizaba la venta del terreno comunal a Industrias Argüelles, donde la empresa proyectaba construir el relleno sanitario “Kurumi” para incrementar sus contratos con los municipios limeños. Ese fraude quedó acreditado judicialmente. Fue Guardamino quien lo descubrió en 2017 e inició acciones civiles y penales para recuperar el predio y sancionar a los responsables.
En paralelo, Argüelles ha enviado una carta al actual presidente de la comunidad de Quipán solicitando exponer ante la asamblea del primero de agosto de este año “nuestra propuesta de transacción extrajudicial y conciliación, orientada a poner fin definitivo a la controversia que actualmente mantiene nuestra representada con la comunidad”.
Expresidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino Gonzáles. Foto: difusión
La carta que Aniceto Argüelles envió al presidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Sánchez, busca destrabar el conflicto judicial por las 10.000 hectáreas que su empresa le arrebató a los campesinos mediante una acción fraudulenta. En el documento, el empresario sostiene: “Nuestra propuesta busca no solo una salida satisfactoria al conflicto judicial en curso, sino también sentar las bases para una relación armónica y de mutuo respeto entre ambas instituciones”.
El acercamiento se produce cuando la comunidad reclama judicialmente la recuperación de un predio que fue adquirido a un precio subvaluado de S/600.000, cuando en realidad su valor superaría los S/10.000.000. Ante el riesgo de que el terreno sea revertido a Quipán, Industrias Argüelles y Servicios Generales intentó llegar a un acuerdo económico para no perder la inversión realizada en la construcción del relleno sanitario “Kurumi”.
“Expresamos nuestra firme confianza en el espíritu democrático y dialogante de su digna gestión, así como en la sabiduría colectiva de la asamblea, para evaluar con apertura y criterio las alternativas que nuestra representada desea poner en su conocimiento”, escribió el empresario en la misiva.
Sin embargo, la asamblea comunal rechazó de manera contundente la propuesta: no solo se opuso a que Argüelles expusiera sus argumentos, sino que también le pidió que se retirara de la comunidad.
La comunidad de Quipán también recuerda que Aniceto Argüelles Loayza, el 24 de enero de 2025, se acogió a la terminación anticipada en el proceso que se le seguía por intentar sobornar a la jueza Roxana Becerra Urbina. Esta magistrada debía resolver la demanda de los comuneros para que se revierta la propiedad del terreno, y Argüelles aceptó los cargos: fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida, además de una reparación civil de S/20.000.
En tanto, las condenas previas contra el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, y la exgerente de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, ya están firmes por su papel en el despojo. El 13 de enero de 2023, la Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte le impuso a Mosquera cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la fe pública. Más adelante, el 31 de marzo de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la misma pena de cuatro años de prisión suspendida para Pasco, pero por falsedad ideológica. Los comuneros no olvidan ninguna de esas sentencias.
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