La máxima jurídica “Dura lex, sed lex” responde a quienes cuestionan, desde la ética, que los alcaldes se escondan en la lista de regidores para repetir gestión. Pero la premisa criolla de “hecha la ley, hecha la trampa” describe el plan que más de dos docenas de candidatos ejecutan para evadir la prohibición de la reelección. La solución sería modificar la norma y ponerle más candado, aunque eso recién regiría para los próximos comicios.

Resulta vergonzoso el papel de quienes renunciaron a sus candidaturas para meter en la contienda a los postulantes reales. Dar gato por liebre está penado en el libre mercado, pero no en la arena electoral. Ellos serían los responsables de engañar a los electores con su presencia, solo para tapar a los alcaldes que buscan una reelección caleta. Esa jugarreta solo puede castigarse en las urnas.

Una administración municipal dura cuatro años, un periodo corto para transformar una ciudad. Así lo decidió el Congreso ante la impopularidad de alcaldes y gobernadores regionales que caían en desgracia por sus malas artes. Los propios legisladores también fueron castigados, pero luego modificaron la ley para tentar su reelección. Algunos pocos lo lograron; otros fueron sancionados en las urnas, porque al final el elector es quien decide.

Igual que en la candidatura presidencial, deberían declararse nulas las listas que, por cualquier motivo —salvo fallecimiento o imposibilidad por salud comprobada—, carezcan de postulante a la alcaldía. Pero la ley debe decirlo expresamente para evitar que esos vacíos se llenen con triquiñuelas legales. Por ahora solo queda someternos a las reglas de juego que permiten este tipo de candidatos, aunque no nos guste. La modificación correspondiente queda en manos del actual Congreso.

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