La informalidad dentro de la formalidad es uno de los grandes problemas que enfrenta la fiscalización laboral en el Perú. Según Freddy Solano, titular de la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), de las aproximadamente 7 millones de empresas que existen en el país, 4 millones de personas que laboran en ellas son informales. Esto representa casi el 67% del total, de acuerdo con la ENAHO 2022.

Se trata de trabajadores que no figuran en planilla, no reciben todos los beneficios que les corresponden ni laboran en condiciones adecuadas según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Solano explica que muchas veces los empleadores incumplen por desconocimiento y que pueden solicitar capacitaciones a Sunafil para conocer los derechos laborales de sus empleados. Sin embargo, también hay casos en los que los propios trabajadores no quieren que se les reconozcan sus derechos, pues desde determinado margen se les hacen descuentos por Impuesto a la Renta (IR) y para el sistema pensionario. "El trabajador busca recibir un sueldo líquido y ahí es donde nace esa 'informalidad'", señala, y agrega que hace falta consciencia sobre su importancia para una jubilación adecuada.

Para enfrentar esta situación, Solano revela que están trabajando un paquete de proyectos de ley para fortalecer sus capacidades. Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le solicitarán más presupuesto, pues necesitan mayores recursos, tanto económicos como humanos. La recesión se presenta como una amenaza que podría acrecentar los niveles de informalidad, lo que complicaría más las operaciones de Sunafil.

En cuanto a los resultados de este año, Solano indica que mediante las acciones de fiscalización se han incorporado 316,519 trabajadores a la planilla electrónica. La meta al cierre del 2023 es 340 mil y esperan superarla largamente.

El déficit de inspectores es uno de los principales problemas que enfrenta la Sunafil. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) señala que se necesitan en promedio 2,000 inspectores, pero actualmente solo hay 782. Para cerrar esa brecha, se requieren incorporar 800 nuevos profesionales, lo que depende de un apoyo presupuestal del MEF. Las conversaciones con ese ministerio comenzarán recién en enero, cuando la Sunafil “les tocará la puerta” para exponer sus demandas. Hasta 2022, la entidad contaba con recursos que provenían directamente de las multas, pero el Decreto Supremo 043-2022 del MEF limitó su uso. “No queremos que el MEF nos dé más dinero, sino que nos deje disponer de lo que obtenemos por fiscalizar”, aclara el superintendente, quien impulsa un proyecto que exceptúe a la institución de esa norma.

Las carencias no son solo operativas. La Sunafil tampoco tiene un inmueble propio, pese a haber sido creada hace 10 años, y necesita renovar su flota vehicular. Hay zonas geográficas de difícil acceso y no se puede exponer a los inspectores a trasladarse en camionetas que no cumplan con las especificaciones necesarias para esos terrenos.

En cuanto a la fiscalización, el Sistema de Inspección de Trabajo emitió en 2023 un total de 3,669 resoluciones de multa en segunda instancia, por más de S/ 184,128. Las materias más infraccionadas son las remuneraciones y el incumplimiento de horarios de trabajo. Con la proximidad del pago de las gratificaciones, que los empleadores deben abonar hasta el 15 de diciembre, los trabajadores quedarán habilitados para gestionar alguna sanción administrativa.

Respecto a los sectores más expuestos ante el deterioro económico, además del comercio y la construcción, destaca la agricultura, donde se concentra el empleo informal. Las regiones con mayor incidencia son Lima Metropolitana, Piura, La Libertad y Puno. El régimen agrario, señala el superintendente, “es el más explotado a lo largo de las décadas en Perú”, lo que genera impasses con la recesión.

Ante ese panorama, la estrategia para avanzar a pesar del déficit es materia de la siguiente consulta.

En la entrevista, el superintendente también adelantó que Sunafil impulsará un proyecto de ley para fortalecer la institución con dos aristas. La primera busca que se ejecuten las resoluciones de primera instancia de la entidad, de modo que un trabajador pueda acudir a un juez para que este le exija al empleador cumplir con el pago de beneficios laborales como la CTS. La segunda apunta a crear un sistema que permita identificar a los empleadores sancionados de manera reiterativa, para que otras entidades del Estado conozcan quiénes suelen incumplir derechos laborales; esto podría servir incluso para las contrataciones públicas y evitar que se les contrate.

Además del DS 043-2022, buscan excluirse de otras normas. La Ley del Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo les otorga competencias temporales sobre las mypes que antes manejaban los gobiernos regionales, y quieren que ese periodo sea definitivo, pues el plazo vence en 2026. Otro proyecto relevante es el que plantea que los trabajadores de Sunafil pasen del régimen CAS al Decreto Legislativo 728. El sustento está en su ley de creación, pero las contrataciones se hicieron por CAS y locadores; la meta es evitar cualquier tipo de discriminación y generar un ambiente adecuado de trabajo.

En cuanto a tecnología, Sunafil ya cuenta con dos aplicativos: “Verifica Tu Chamba”, que permite a cada trabajador verificar si está en planilla sin necesidad de una inspección previa, y “Sunafil en tus Manos”, que consolida los servicios de la entidad entre normativa y consulta de trámites. Próximamente lanzarán un chatbot con Inteligencia Artificial (IA) para atender a las trabajadoras del hogar, un sector bastante maltratado por muchos empleadores. También tienen previsto estrenar en el primer trimestre del 2024 la app Elsa, que permitirá a los empleadores conformar sus comités de seguridad, salud y trabajo.

Sobre el “Observatorio Iberoamericano de la Inspección del Trabajo”, explicó que concentrará mecanismos no solo sobre beneficios y derechos laborales, sino también índices sobre accidentes mortales. La idea es tomar estrategias útiles de otros países para hacer versiones peruanas; por ejemplo, España ha reducido su informalidad cerca de 30% y les interesa saber cómo lo logró.

El superintendente Solano señaló que Sunafil ya venía corrigiendo esta situación en sus inspecciones, aunque reconoció que el fallo del Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) le dio mayor visibilidad al tema. “Ya lo corregíamos, pero el tribunal lo ha puesto adecuadamente en la palestra para que el empleador tome consciencia y actúe diligentemente”, comentó. En esa línea, indicó que el objetivo es “capacitarlos y conscientizarlos para que eviten posteriormente sanciones absurdas, solo por desconocimiento”. Solano también se refirió a la resolución publicada en octubre por el TFL, que establece que los empleadores deben pagar horas extras incluso si la labor adicional no fue acordada con el trabajador. Sobre este punto, el superintendente recordó que el tribunal recién inició funciones en 2021 con una sola sala. Además, enfatizó que las empresas tienen la obligación de garantizar el buen estado físico y emocional de sus trabajadores, incluso fuera del centro de labores. “Hay que brindarle las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Siempre tendrá responsabilidad sobre eso. Por eso importa la capacitación y contar con jefes de recursos humanos, ya sea en el sector público o privado”, explicó. El titular de Sunafil insistió en que la capacitación es clave para que los empleadores eviten caer en faltas por desconocimiento de la normativa laboral vigente.

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