La fiscal provincial Mayra Paico presentó el 24 de julio de 2026 una acusación contra el coronel en retiro de la PNP y actual diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado Huamaní, por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Sin embargo, desde el Ministerio Público descartan que exista un trasfondo político en el caso, como sostiene el congresista.
Las indagaciones contra Colchado comenzaron a fines de mayo de 2024, cuando aún no se conocía ni se preveía que postularía a un escaño en la Cámara de Diputados, precisan fuentes de la fiscalía. La acusación, además, fue presentada al Poder Judicial antes de que el oficial en retiro integrara la Comisión de Ética de dicha cámara legislativa. Durante todo este tiempo, subrayan las mismas fuentes, Colchado tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y conocer los cargos puntuales que se le atribuyen.
El diputado, en cambio, califica la acusación como una persecución política. La fiscalía, no obstante, basa su teoría en hechos concretos: la ocupación profesional que el propio Colchado declaró en una escritura pública y el alquiler de una vivienda destinada a la Policía Nacional del Perú.
Tras más de dos años de investigación, el 15 de julio de 2026 se dispuso concluir la investigación preparatoria contra los funcionarios del Ministerio del Interior Clara Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas, en calidad de autores, y contra Harvey Colchado como cómplice del delito de negociación incompatible. A ello se suma la imputación por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.
La secuencia de los hechos, según el Ministerio Público, desvirtúa cualquier lectura política del caso: la investigación se inició en 2024, la acusación se formalizó antes de que Colchado asumiera roles parlamentarios relevantes y el proceso siguió su curso ordinario, con todas las garantías de defensa para el implicado.
El alquiler del local de la DIPINCRI-Comas
El caso se origina en la renovación del contrato de alquiler de un inmueble en la avenida Guillermo de la Fuente, en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo (Comas), que desde junio de 2015 era arrendado por sus propietarios a la PNP para que funcione allí la Dirección de Investigación Criminal de ese distrito. El problema apareció en junio de 2021, cuando el padre del coronel Harvey Colchado ya había fallecido y el oficial se convirtió en copropietario del local mediante sucesión intestada.
En ese momento, Colchado era un oficial en actividad con el grado de coronel y jefe de una dependencia en Lambayeque, condición que le impedía alquilar el bien a la institución policial debido a la prohibición legal que tienen los funcionarios públicos de contratar con el Estado. Fue así que, el 30 de abril de 2021, la sucesión intestada —incluido Colchado— otorgó un poder especial ante notario público a Martina Huamaní Ordóñez para administrar, comprar, vender y alquilar el referido inmueble.
Acusación Harvey Colchado
Al consignar sus datos personales en el testimonio de dicho documento presentado a la Sunarp para su elevación a escritura pública, Colchado declaró ser de ocupación independiente. La acusación señala: «De lo que se advierte que el acusado, coronel PNP Harvey Colchado, habría declarado en el testimonio de escritura pública tener ocupación independiente, lo que no era acorde a la realidad (...), pues se advierte que, al momento de realizar el testimonio de poder especial, tenía el grado de coronel PNP en actividad asignado a la Macro Región Policial Lambayeque».
La acusación fiscal también comprende a los servidores de la PNP Clara Ramírez, asistente en Contrataciones del Estado, y al suboficial Víctor Ocmin, miembro de la Sección de Programación y Adquisiciones. A ambos se les atribuye haber facilitado la firma del contrato pese a que la condición policial de Colchado era de conocimiento público por sus intervenciones en operativos transmitidos por los medios de comunicación.
Según el documento fiscal, cuando se solicitó la renovación del contrato, el área usuaria modificó los términos de referencia e incorporó un requisito: para casos de sucesiones intestadas, la oferta técnica debía presentar el Certificado Literal de la Partida Registral de la Sunarp y la sucesión debía intervenir mediante un apoderado inscrito. La representante de Colchado envió la documentación el 20 de septiembre de 2021, junto con una declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado. El 30 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato entre el coronel PNP Óscar Mautino Ortiz y Martina Huamaní Ordóñez.
La fiscalía sostiene que, ante la imposibilidad legal de contratar con el Estado, esa declaración le permitió a Colchado continuar arrendando el inmueble a la PNP al no figurar como policía, pues la escritura pública con datos inexactos fue utilizada posteriormente para firmar el nuevo contrato de alquiler y sus ocho adendas. Tras la revelación periodística sobre la contratación del inmueble del oficial, el 30 de junio de 2024 se dejó sin efecto el vínculo contractual, un día antes de su vencimiento previsto para el 1 de julio de 2024.
La fiscal Mayra Paico presentó la acusación ante el Poder Judicial el 24 de julio de 2026, sosteniendo que la falsedad ideológica se configuró al consignar deliberadamente en un instrumento público una ocupación que no correspondía, con el fin de eludir la traba legal. Para el Ministerio Público, no existe ningún direccionamiento político, pues la acusación se basa en hechos comprobados mediante documentos oficiales. Además, el delito de negociación incompatible sanciona el uso de una posición oficial en la administración pública para interferir o manipular la contratación pública. En esa fecha, según recalcan desde el despacho fiscal, aunque ya se conocía la condición de diputado de Colchado, no se preveía que llegaría a integrar la Comisión de Ética. Por ello, la fiscalía solicitó para Harvey Colchado una pena de **cinco años y cuatro meses de prisión por negociación incompatible**, sumada a **4 años por falsedad ideológica**, lo que totaliza **9 años y 4 meses de prisión efectiva**. En tanto, para Clara Ramírez y Víctor Ocmin se pidió una pena de **4 años y 8 meses de cárcel** para cada uno, únicamente por el delito de negociación incompatible, más inhabilitación para ejercer función pública y reparación civil. En el caso de la negociación incompatible, la reparación civil es de 100 mil soles, solidaria entre los tres acusados, además de 50 mil soles por falsedad ideológica.
Comentarios 3
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta