El lavado de activos, es decir, la inserción en el sistema económico legal de dinero en efectivo o bienes de origen ilegal —como los provenientes de la corrupción—, es un delito perseguido a nivel mundial, y el Perú no es ajeno a esa realidad.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial N.° 286, titulado “Lavado de activos: cuando la investigación se convierte en condena”. El documento, según destacó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), pone finalmente en la agenda pública un problema que durante años ha sido minimizado.

La CCL felicitó y reconoció “el importante trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo al publicar el Informe Defensorial N.° 286”, y subrayó que la lucha contra este delito debe ser frontal y efectiva, pues afecta la institucionalidad, la libre competencia y el sistema financiero. Además, precisó que la Defensoría hace visible “el enorme daño económico, empresarial y reputacional que puede ocasionar una investigación penal que se prolonga indefinidamente sin una decisión oportuna”.

Uno de los casos más emblemáticos en los últimos 20 años es el de Odebrecht y Lava Jato, donde las investigaciones fiscales buscaron evidenciar corrupción política y sobornos.

El informe documenta 12 casos con investigaciones y procesos de 10, 15 o 20 años que terminaron con sentencias absolutorias en primera instancia, cuando el patrimonio y la actividad empresarial de los investigados ya habían sido afectados irreversiblemente.

El gremio empresarial subrayó que una investigación no puede convertirse en una sentencia anticipada ni destruir una empresa antes de que exista una condena. En esa línea, señaló que “combatir al crimen organizado no puede significar sacrificar la presunción de inocencia, el debido proceso ni el derecho a un plazo razonable. La propia Defensoría plantea fortalecer la persecución penal, haciéndola más eficaz y respetuosa de las garantías constitucionales”.

El informe también da cuenta de investigaciones archivadas después de 72, 120 o 180 meses, e incluso de un proceso que superó los 24 años y culminó en una sentencia absolutoria. Ante ello, el gremio remarcó que “El Perú necesita instituciones fuertes para perseguir al crimen, pero también seguridad jurídica para invertir, emprender y generar empleo”.

Finalmente, valoró que la Defensoría haya tenido la decisión de hacer visible esa realidad y colocarla en el debate nacional. Asimismo, expresó su disposición a contribuir con propuestas que permitan corregir distorsiones y construir un sistema de justicia más eficiente, predecible y respetuoso de los derechos fundamentales.

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