La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, integra un grupo de trabajo ad hoc junto a representantes del Ministerio del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Trabajo y la Policía Nacional del Perú. El objetivo es articular y dar seguimiento a las acciones interinstitucionales frente a la situación de los ciudadanos peruanos que se encontrarían en Rusia, cuyo estado actual es aún incierto.

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte iniciaron investigaciones preliminares tras las denuncias de familiares de connacionales que habrían sido captados con ofertas laborales engañosas para trabajar como agentes de seguridad y en otras funciones en Rusia, con la promesa de recibir remuneraciones económicas. Según la información brindada ante la autoridad policial, las víctimas habrían sido trasladadas a ese país y, una vez en territorio extranjero, obligadas a participar en acciones de combate en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Ante estos hechos, los despachos fiscales dispusieron de manera inmediata el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito contra la dignidad humana, en las modalidades de trata de personas y trata de personas agravada. Entre las actuaciones se realiza la toma de declaraciones testimoniales, el requerimiento de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, y la ejecución de todas las acciones necesarias, útiles y pertinentes para esclarecer los hechos, en coordinación con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.

El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales en el extranjero que no cuenten con garantías verificables, para prevenir nuevos casos de captación con fines de explotación. Además, reafirmó su compromiso de impulsar las investigaciones y coordinar con las entidades competentes las acciones necesarias a nivel internacional para la protección y eventual repatriación de los peruanos afectados.

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