La espera de Cusco por el gas natural es un reclamo que lleva décadas. Según Ruiz Caro, “ya son más de 40 años desde que se descubrió el gas de Camisea [en la selva de Cusco] y tuvimos que esperar 20 años para su explotación. Los cusqueños llevamos más de 20 años esperando que también llegue a nuestras ciudades y a otras regiones”. Esta deuda histórica se suma al débil dinamismo de motores económicos como el turismo, la producción minera y la gasífera.
El uso actual del recurso en la región es mínimo. Recién en los últimos tres años se concretaron algunas conexiones. “Hoy tenemos tres gasocentros, uno recién se inauguró. Hay como 4,000 vehículos de taxis convertidos a gas natural. Además, el Gobierno regional empezó un proyecto para conectar a 1,000 hogares”, detalló el especialista en diálogo con Gestión.
Frente a ese panorama, la masificación exige un mayor impulso. Sobre la mesa, según Ruiz Caro, está la propuesta de Cálidda y el proyecto de 7 regiones, que en su primera etapa alcanzaría 300,000 conexiones (1.2 millones de usuarios). El plan beneficiaría inicialmente a 15 ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco (Cusco, Quillabamba y Calca), Apurímac y Huancavelica.
Para el presidente del Incuse, la firma de la adenda al contrato de distribución de gas natural en Lima y Callao de Cálidda es “la manera más rápida en que el gas domiciliario pueda llegar a los cusqueños”. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el plan 7 regiones contempla la construcción de 3,700 kilómetros de redes de gas natural con una inversión estimada de US$ 550 millones.
“Esto realmente va a mejorar mucho la economía regional a donde llegue, pero también va a sanar una herida que tenemos los cusqueños con respecto al gas natural”, indicó Ruiz Caro. El beneficio no sería solo económico: “Se ha dicho que [con este proyecto] se tendría una tarifa similar a la que tiene el gas domiciliario en Lima, que es un 40% menos de lo que se pagaría por el GLP, que es el combustible que más se usa en los hogares aquí”, calculó.
La expectativa es que la adenda “se firme lo antes posible”, pues hay un factor monetario relevante de por medio. Sin embargo, el propio Ruiz Caro reconoció que el proceso se ha demorado: “La firma de la adenda se ha ido atrasando por toda la inestabilidad política que ha tenido el Perú en los últimos meses y años”. Pese a ello, se mostró esperanzado con el nuevo gobierno: “En general, si bien [en Cusco] no se ha votó mayoritariamente por [la presidenta] Keiko Fujimori, sí hay una esperanza real de que en este Gobierno se concreten algunas de las demandas que tiene Cusco y el sur”, enfatizó.
Ruiz Caro consideró que la iniciativa, al ser una inversión privada y no solventada por el Estado, representaría una señal importante del Gobierno en un contexto de recuperación de la confianza empresarial. En esa línea, el avance del proyecto 7 regiones sería una “primera piedra” para elevar la seguridad energética del Perú y, sobre todo, del sur del país.
El especialista aclaró, además, que impulsar este proyecto no implica descartar la posibilidad de contar con un gasoducto, como pudo malinterpretarse en la región. Ambas opciones funcionan de manera complementaria y apuntan a fomentar una cultura de uso del gas natural. “Si vamos generando una cultura de consumo de gas natural en domicilios, en vehículos, en pequeñas empresas, también va a ir creciendo el mercado como sucedió en Lima. Empezar cuanto antes este proyecto también va a ayudar a que, en algún momento, sea más factible realizar el gasoducto para el sur y se pueda hacer todo un circuito de conexión de gas natural. Esto evitaría que suceda lo de marzo de este año (caso TGP)”, refirió.
En tanto, la firma de la adenda que permitiría destrabar el proyecto aún no se concreta. A mediados de junio, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, señaló en diálogo con Gestión que “en las próximas semanas” estaría lista la rúbrica, luego de recibir las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del regulador (Osinergmin).
Otros sectores beneficiados
La producción de tejas y ladrillos en Cusco, que sostiene a cerca de 6,000 familias, emplea combustibles "bastante dañinos" como el diésel. Frente a ello, el presidente del Incuse señaló que el impacto ambiental es otro de los beneficios que aparecen en el escenario, más allá del ahorro económico para las familias. “En Cusco tenemos una situación complicada con la producción de tejas y ladrillos porque se usan combustibles bastante dañinos [...] Si [la fuente] se cambia, por ejemplo, a gas natural, que es absolutamente posible, tendríamos un beneficio en términos medioambientales para la ciudad”, mencionó. De esta manera, el alivio económico no sería el único efecto positivo, pues el cambio de combustible también generaría una mejora para la ciudad.
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