El economista Diego Macera, miembro del Consejo Fiscal y del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se pronunció este domingo en contra del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) anunciado por el Gobierno de Keiko Fujimori. En el programa Ampliación de Noticias, el especialista advirtió que la medida, que elevaría el sueldo mínimo de S/ 1 130 a S/ 1 300, podría golpear a las pequeñas empresas y convertirse en una barrera para el acceso a la formalidad laboral.
“Ojalá no se hubiera planteado la medida. [¿No se hubiera planteado el aumento para usted?]. No. El salario mínimo sí necesita algunas revisiones, pero más en el sentido de tener actualizaciones predecibles, digamos de revisiones cada dos años, orientada siempre a mejoras de productividad laboral, a inflación”, declaró Macera, quien enfatizó que el aumento no debe ser utilizado como una herramienta de “golpe de popularidad”.
El integrante del Consejo Fiscal consideró que sería clave que una comisión especializada evalúe cada dos años la viabilidad del aumento del salario mínimo, tomando en cuenta factores como la productividad y la inflación. En esa línea, propuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenga un rol protagónico en la decisión.
“El Ministerio de Economía y Finanzas podría decir: ‘Aumentamos o no aumentamos, sugerimos el aumento al Consejo Nacional del Trabajo’. Pero lo que quisiéramos evitar es que se use el salario mínimo como herramienta política cada vez que necesito un golpe de popularidad, no puedo subir el sueldo”, sentenció.
Consultado por el gasto fiscal, Macera respaldó que el Poder Ejecutivo anuncie que planteará demandas de inconstitucionalidad contra las leyes sobre gratificaciones CAS y CAFAE, aprobadas por el Congreso anterior. Acotó que es vital para las finanzas públicas detener el gasto generado por normas que fueron aprobadas sin el visto bueno del MEF.
Respecto a la ley que elevó a S/ 3 500 la pensión de los maestros jubilados, Macera sostuvo que esa medida genera una “inequidad clarísima” frente a otros profesionales como enfermeras o fiscales afiliados al sistema de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuyos montos rondan los 600 soles. “Una enfermera o un fiscal que estuvo en la ONP, va a estar ganando 600. O sea, ahí la inequidad es clarísima, estás dando cinco o seis veces de diferencia en la remuneración sin algo que lo justifique”, puntualizó.
El economista recordó, además, que desde el año pasado han venido advirtiendo sobre los costos de algunas normas aprobadas por el Congreso al amparo de la interpretación que el Tribunal Constitucional había hecho respecto a que el Parlamento aparentemente sí contaba con iniciativa de gasto. En ese sentido, destacó que el actual TC se rectificó y estableció de forma vinculante que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
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