Entre 2017 y 2024, la Contraloría documentó cerca de S/ 98 millones en medicamentos vencidos almacenados por el Cenares, la entidad encargada de planificar, adquirir y distribuir los recursos estratégicos en salud. Pero el problema no terminó ahí: en marzo de 2025 se comprobó que buena parte de esos fármacos ni siquiera había sido destruida conforme a ley, y en junio de 2026 el ente de control volvió a encontrar medicinas vencidas, algo que la comisión de transferencia del actual gobierno pudo confirmar. No fue un accidente, sino la confirmación de un patrón.

Mientras tanto, miles de peruanos recorren hospitales en busca de un tratamiento que muchas veces no encuentran. El país convive con medicamentos que vencen en los almacenes estatales y pacientes que esperan una medicina que nunca llega. Esa contradicción revela que el problema no es únicamente presupuestal, sino sobre todo de gestión y de un modelo de trabajo obsoleto e inadecuado: no saben programar la demanda, no saben almacenar lo que compran y no logran hacerlo llegar a quien lo necesita. Ningún gerente en ninguna empresa privada sobreviviría un solo trimestre con estos indicadores; en el Estado, este patrón de ineficiencia se repite por casi una década sin que nadie pague por ello. Lo más doloroso es que este desperdicio ocurre mientras la salud de la población sigue esperando respuestas concretas.

La salud no es un rubro presupuestal más que pueda recortarse cuando las cuentas aprieten, sino un derecho humano fundamental cuya administración eficiente debería ser siempre una prioridad de Estado. Porque el verdadero desperdicio no son solo los millones de soles perdidos: lo imperdonable es desperdiciar la oportunidad de aliviar el dolor de quienes dependen únicamente del sistema público para sobrevivir.

Modernizar el abastecimiento con trazabilidad digital, redistribuir los medicamentos antes de su vencimiento, eliminar oportunamente los productos inutilizables y establecer responsabilidades efectivas no son aspiraciones tecnocráticas, sino condiciones mínimas para respetar el derecho a la salud de todos los peruanos. El nuevo gobierno tiene la gran oportunidad de demostrar que existe otra forma de gestionar los recursos públicos, y debe quedar claro desde el primer día. Un país que permite que se desperdicie la oportunidad de aliviar el dolor de sus ciudadanos no solo administra mal sus recursos: renuncia, silenciosa e indolentemente, a proteger la vida de quienes solo cuentan con el sistema público. Esa renuncia es, en sí misma, la peor de las administraciones.

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