El gobierno de Keiko Fujimori, a través del ministro de Economía, Elmer Cuba, ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional (TC) cuatro normas que considera inconstitucionales e insostenibles fiscalmente. La medida busca sanear las cuentas fiscales y apuntalar la productividad laboral, según viene explicando el propio titular del MEF.

Si el Ejecutivo no actúa, el déficit fiscal subiría de 1.8% a 3% del PBI en 2027. Las normas cuestionadas son la ley de pensiones de maestros, que costaría al menos S/ 8,000 millones anuales; la reforma del régimen de militares y policías, con un costo de S/ 46,000 millones en valor presente; el CAFAE, que demanda S/ 2,621 millones al año; y las gratificaciones CAS, por otros S/ 3,000 millones. En conjunto, el anterior Congreso dejó obligaciones permanentes por S/ 11,400 millones anuales, amparado en un fallo del TC del 2022 que abrió la puerta a la iniciativa de gasto.

Lo que Cuba no menciona es que Fuerza Popular fue la primera minoría del Congreso que aprobó estas normas. Ahora, desde el gobierno, quiere desactivar la bomba que ayudó a encender. Es válido, pero la autocrítica debería ser parte del diagnóstico.

Resulta urgente revisar estas normas porque el país necesita liquidez para enfrentar los estragos del Niño Costero y el Niño Global que ya se vienen sintiendo. El TC debe actuar en consecuencia y el nuevo Congreso también debe ser más responsable que su predecesor. Recuerden que el dinero para pagar estas normas sale del bolsillo de todos los peruanos.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →